Como la primera medio del Cuatrienio 2024-2028 se acerca su fin, los poderes del Estado dominicano, incluido el Poder Judicial –rezagado en sentencias finales sobre presunta corrupción– siguen bajo el fuego de distintos sectores, lo que reafirmaría una vigencia de la emancipación de expresión, por así decirlo, pero todavía de los niveles de insatisfacción que llevan a preocupaciones sobre el futuro de la democracia y que tiende a descolalr en la comunidad la preferencia por cualquier autoritarismo que augure soluciones a los problemas sociales. Más del 20% de los ciudadanos está de acuerdo con esta idea y un 27% ha liberal cerca de la indiferencia social y política.
Los informes de la pérdida de confianza en las formas convencionales de presidir los países se expresan en el molinete cerca de posiciones radicales de poder en una de las democracias más firmes, antiguamente evidente con Donald Trump de regreso al trono en Washington, dando una idea del potencial de drásticos y posibles retrocesos en los ejercicios democráticos; como pasó con Bolsonaro en Brasil (felizmente luego volvió a lo positivo), con Bukele en El Salvador y la caída estrepitosa del kirchnerismo (descendiente del peronismo en Argentina) que dio paso al ultralibertario. Javier Mileique rompe esquemas. Fuera del robo a la voluntad popular perpetrado en Venezuela.
Varias deudas con la comunidad franquista son elevadas, incluidas las permanentes negativas legislativas a renovar códigos como el Fiscal, el Civil y el Trabajo, tres pilares esenciales del orden procesal postergado por las vacilaciones de quienes tienen la preeminencia para hacer fluir las agendas. Con debilidades institucionales en presencia de la inseguridad por las agresiones criminales, con cárceles que fortalecen la criminalidad porque no sirven para la regeneración de conductas, el insistente llamado a las ejecuciones extrajudiciales y el imparable avance de los feminicidios.
Con escasos frutos del 4% presupuesto para la educación preuniversitaria que ya cumple doce primaveras. Con ataques a los capital naturales que recuperan presencia poco luego parecen frenarse y que hacen presagiar que los cazadores furtivos de carbón vegetal y cultivos industriales reducirán significativamente la forestación de la sierra de Baoruco. Las dunas de Baní sufrirían una pesado agotamiento con los depredadores que van y vienen y la riqueza arqueológica de las Cuevas de Pomier sigue amenazada por la explotación de canteras.
Es necesario mencionar la historia de nunca apurar: déficits del sistema eléctrico por fallas en la colecta, robos del fluido sin sanciones que combaten la civilización de lo sin cargo y que asestan duros golpes a las finanzas públicas. Y esto no termina aquí.
La presente despacho del Estado proyecta su política presupuestaria para dar menos respuesta a las demandas sociales este año con inversiones públicas que mejoren la infraestructura y la productividad del país en respuesta a su crecimiento poblacional y crematístico y así incrementar el cierto avance y sujetar el engendro de un sector informal. que adora la ineficiencia desde su marginación generalizada.
La opción en marcha ha sido -según analista Nelson Suárez – centrarse en un ajuste fiscal, tras el fracaso de la reforma ideal, y contener la expansión del pago sacrificando inversiones de hacienda. Una reducción de RD$28,075.9 millones respecto al año inicial.
30 AÑOS DE AGRICULTURA FRACASADA
A pesar de su importancia social y económica, la agricultura dominicana ha ido disminuyendo su aporte al Producto Interno Brutoque hace diez primaveras era del 8% y en mayo de 2024 era del 4,2% (monograma de una publicación del Banco Central). La fundación ONG Codespa diagnosticó anteriormente que en los últimos primaveras la agricultura franquista ha seguido una tendencia desfavorable que debilita la capacidad productiva, incluida la ganadera.
Más de 242.000 dominicanos atados a la tierra y dos millones y medio de hectáreas se han gastado afectados por los bajos rendimientos de los cultivos, menores precios de cesión y continuos aumentos de los costos de producción. El citado liga de profesionales y expertos de diferentes disciplinas interesados en el avance integral del país cree que, en cierta medida, ha identificado las causas del debilitamiento:
Entienden que “Un factor limitante para abordar los problemas de baja productividad es la falta de financiamiento producto de las dificultades que tienen muchos productores para atender los requerimientos del sector financiero. El acceso al financiamiento es clave para promover la expansión y la competitividad de agricultores y ganaderos. Según fuentes oficiales, el sector agrícola sólo representa el tres por ciento de la cartera crediticia actual en República Dominicana. Recientemente, los medios citaron a agricultores denunciando que “el Banco Agrícola presta dinero a interés cero a personas que no pertenecen al sector agrícola”. El faja rápidamente negó la inculpación.
Mientras tanto, en las páginas del diario HOY del lunes 13 de enero, el asesor agrícola y hábil de la agricultura dominicana durante décadas, Pablo Rodríguez, sostuvo que “durante los últimos 30 años de la era republicana se han aplicado las mismas políticas en el país sin resolver del todo ninguno de los problemas del sector”.
METAS DESTACADAS
La emplazamiento “lucha contra la corrupción” emprendida en 2020 con un clima de Estado conveniente a la transparencia y la hecho contencioso creado por el gobierno entrante de Luis Abinader, ha sido panorámica por la estructura de la sociedad civil Participación Ciudadana como una desaceleración en 2024: Sin definiciones para “Un total de casos involucran fondos públicos por más de RD$56 mil millones de pesos, cifra que cerca de mil millones de pesos” se utilizan para ganancia ilícito.
En un documento en el que expresa su valoración sobre la implementación de casos de supuesto peculado, la estructura consideró probada 'la limitada interpretación de los órganos encargados de control como la Cámara de Cuentas, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, el Congreso Nacional y el Contraloría General de la República'.
El coordinador caudillo de Participación Ciudadana, Erick Hernández Machadoha llamado la atención sobre el hecho de que “tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondos se están viendo obstaculizados por estrategias dilatorias que posponen las audiencias por motivos injustificables como supuestas enfermedades, compromisos sociales o viajes al extranjero”.
Otras denuncias ciudadanas se refieren a pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, que vela por la persecución de los delitos y faltas perpetrados por la Policía Nacional, que en más de una ocasión ha solicitado “llevar estadísticas sobre los casos de personas fallecidas en tiroteos con policías con el objetivo de esclarecer cada incidente y garantizar la rendición de cuentas”. Consideró que el cuerpo policial debe ser consciente de que si acertadamente los delincuentes deben estar sujetos a todo el peso de la ley, esto no justifica que les disparen estando desarmados.
“La Policía Nacional no está por encima de los derechos de nadie. Por lo tanto, debemos ser críticos ante cualquier acción que no respete los derechos humanos. Todos los procedimientos deben regirse por el manual de uso de la fuerza”, enfatizó.
CLERO PREOCUPADO
Este no es un país hospitalario para ciudadanos vulnerables, como dejó claro el Episcopado dominicano cuando, en su habitual mensaje previo al Día de la Altagracia, dijo estar preocupado “por las condiciones de pobreza y sufrimiento que vive el pueblo dominicano”. Consideró fundamental que el país renueve su compromiso con la ecuanimidad social, el avance integral de cada persona y la protección de los más vulnerables.
“Estamos sumamente preocupados por la situación de tantos dominicanos que viven en condiciones de vulnerabilidad expuestos al riesgo constante de caer en la pobreza debido a las crisis económicas y los efectos del cambio climático”. La Iglesia dijo que reafirmó su ocupación de estar pegado a los más necesitados, los marginados y los que sufren en su lucha por un futuro más digno y prometedor y advirtió sobre el impacto del suspensión costo de vida en la sociedad dominicana.
De guisa individual, y desde el púlpito de la Basílica de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte criticó la situación de los inmigrantes en condiciones irregulares que se dedican a actividades productivas y están siendo deportados. También se quejó de la “precariedad del sistema de justicia y del número anual de muertes por accidentes de tráfico”.
