En una reunión histórica, el SNS, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas fortalecieron los mecanismos de transparencia, seguimiento, fiscalización y rendición de cuentas en los centros de vitalidad públicos del país.

Santo Domingo.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) reunió a las principales autoridades responsables de la persecución, control y fiscalización de los posibles públicos en la marcha “Cumplimiento, control, transparencia y régimen de consecuencias en los Servicios de Salud”, dirigida a directivos y responsables de la administración administrativa del sistema divulgado de vitalidad, con el propósito de proteger el cumplimiento normativo, la transparencia y la buena administración en los servicios de vitalidad.

La iniciativa tiene como objetivo promover la consejo técnica y habilidad sobre los principales desafíos de la administración de la vitalidad pública, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento institucional, el control interno, la prevención de riesgos y la restablecimiento continua de los procesos administrativos, contribuyendo así a consolidar una civilización de responsabilidad y eficiencia en la administración de los posibles públicos.

Entre los expositores invitados estuvieron la Fiscal General de la República, Yeni Berenice Reynoso; el Contralor General de la República, Geraldo Espinosa Pérez; y el director genérico de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la importancia de la transparencia y el buen gobierno en las instituciones públicas.

La actividad, realizada en el salón Julio de Peña Valdez del Edificio II del SNS, contó incluso con la billete de directores regionales de vitalidad y directores de hospitales, acompañados de sus respectivos administradores y jefes de compras.

El director ejecutante del SNS, Dr. Julio Landrón, estuvo a cargo de las palabras de bienvenida dirigidas a los expositores y participantes del reunión, donde destacó el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la transparencia y la buena administración pública.

Durante su intervención, Landrón afirmó que el SNS mantiene la convicción de que una administración transparente no es sólo una obligación judicial, sino incluso un compromiso ético con todo dominicano que deposita su confianza en las instituciones del Estado. En este sentido, destacó los esfuerzos realizados por la entidad para avalar procesos cada vez más eficientes, abiertos y orientados a la rendición de cuentas.

La abogada Yeni Berenice Reynoso brindó una conferencia sobre las implicaciones del nuevo Código Procesal Penal en el entrenamiento de las funciones públicas, donde advirtió que la nueva carta fortalece significativamente el régimen de responsabilidad de los servidores públicos y establece sanciones más severas para actos de corrupción.

Durante su conferencia, la jueza explicó que una de las principales novedades del nuevo Código es que la corrupción pasa a considerarse un delito autónomo. Como se indicó, cualquier entusiasmo u omisión intencional que afecte el patrimonio divulgado podrá ser perseguida penalmente como acto de corrupción.

Entre las conductas tipificadas destacaron el cuota de intereses o servicios no recibidos, la sobresalto de contratos, la admisión de equipos incompletos o defectuosos, la manipulación de precios en perjuicio del Estado y el uso indebido de fondos públicos.

En otro orden, durante la conferencia “Integridad: la nueva realidad de la Ley 47-25”, el director genérico de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que la nueva carta promueve un cambio de arquetipo en la administración de las compras y contrataciones del Estado, al impulsar una planificación estratégica orientada al progreso específico, la sostenibilidad y la eficiencia del pago divulgado.

Pimentel advirtió sobre las consecuencias jurídicas de depositar posibles estatales en cuentas personales, realizar cambios no autorizados en el uso de partidas presupuestarias, cobrar por servicios que la ley establece como gratuitos y participar en procesos de contratación donde existen conflictos de intereses.

Por su parte, el Contralor General de la República, Geraldo Espinosa Pérez, impartió la conferencia “Marco Normativo de las Funciones de la Contraloría General de la República”, en la que abordó los principales mecanismos de control y fiscalización establecidos para avalar el cumplimiento de las normas que rigen la oficina de los posibles públicos.

El funcionario instó a los hospitales a evitar adquisiciones fuera de los procedimientos establecidos en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, ya que estas prácticas pueden gestar conflictos legales, reclamos y dificultades en la ejecución de los pagos.

Asimismo, recordó que los contratos derivados de procesos de compras menores, comparaciones de precios y licitaciones deben registrarse en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General de la República, requisito indispensable para la empuje de desembolsos de fondos públicos. Explicó que la institución realiza una revisión integral de la documentación antiguamente de emitir la certificación correspondiente, garantizando así el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Como parte de la memorándum, se habilitó un espacio de preguntas y respuestas que permitió el intercambio directo entre participantes y expositores, promoviendo el diálogo y la búsqueda de soluciones prácticas para proteger los mecanismos de control y cumplimiento en los servicios de vitalidad del país.