Santo Domingo.- Cuatro meses a posteriori del colapso del techo mortal en el club noctívago de Jet Set que mató a 236 personas e hirió a 180, el caso penal permanece sin resolver, sin una orden de detención preventiva definitiva y ninguna vencimiento sumarial establecida para escuchar apelaciones. Las familias de víctimas, fiscales y observadores legales dicen que el ritmo premioso ha dejado jurisprudencia colgando en el halo.
La tragedia se desarrolló en las primeras horas del 8 de abril durante un concierto del intérprete de Merengue Rubby Pérez, cuando el techo del club noctívago cedió, atrapando a cientos del interior. El evento había sido anunciado solo un día antaño. Lo que siguió fue un proceso constitucional detallado que, según los críticos, ha sido impresionado por demoras raramente vistos en los tribunales dominicanos.
No fue hasta el 12 de junio, dos meses y cuatro días a posteriori del desastre, que los fiscales cuestionaron formalmente a los propietarios del club, hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Ese mismo día, entreambos fueron puesto bajo custodia provisional. Una semana a posteriori, el 19 de junio, el sentenciador Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso una fianza de 50 millones de pesos, requisitos periódicos de informes y una prohibición de desplazarse, pero no detuvo la orden de detención preventiva.
El decreto dibujó una revisión rápida. El 27 de junio, la oficina del fiscal sabido apeló, argumentando que las medidas eran demasiado indulgentes dada la magnitud del caso. En la segunda semana de julio, cerca de de 75 familiares y sobrevivientes igualmente presentaron apelaciones en indagación de medidas más estrictas, uniéndose a la fiscalía para impulsar la reversión de la atrevimiento auténtico.
Para el 18 de julio, la tercera Cámara de la Corte Penal de Apelaciones en el Distrito Nacional había tomado posesión del caso. Tanto los fiscales como los demandantes esperaban una audiencia rápida para chocar lo que veían como un pérdida voluntario de la jurisprudencia. Sin confiscación, a partir del 8 de agosto, el tribunal no había establecido una vencimiento para considerar las apelaciones, prolongando la incertidumbre para todas las partes involucradas.
Con el caso estancado, las familias de las víctimas se quedan esperando respuestas, por temor a que la combinación de retrasos procesales y la inacción sumarial pudiera debilitar en última instancia la búsqueda de la responsabilidad. Para muchos, la lenta marcha alrededor de la jurisprudencia ha agravado el dolor y la conmoción de uno de los peores desastres del club noctívago en la historia del país.
