Santo Domingo.– En medio de la entusiasmo doméstico del dolor posteriormente del devastador colapso del club noctívago Jet Set, está surgiendo una marcada disparidad en el tratamiento de las familias de las víctimas, provocando indignación y planteando preguntas sobre los títulos sociales. Según lo informado por el medio de comunicación independiente SamoSospueBlo.com, Rosa Idania Reyes, la viuda llorosa de Humberto García Abreu, una retén de seguridad que pereció en la tragedia que reclamó más de 220 vidas, rompió su silencio el viernes, exigiendo por qué los empleados se han manido por detención en el discurso manifiesto y por los propietarios del establecimiento.

Hablando en el Instituto Nacional de Patología Forense, donde fue a protestar los restos de su cónyuge, Reyes describió la verdad agonizante de no poder afirmar adiós adecuadamente. «Mis hijas no han podido mantener una estela para él, ni siquiera podrán ver la cara de su padre porque su cuerpo es irreconocible», expresó con una profunda impotencia. García Abreu estaba de servicio en el club noctívago cuando el techo se derrumbó durante una interpretación del cantante de Merengue Rubby Pérez en la mañana del 8 de abril.

Si adecuadamente la tragedia ha afectado profundamente a cientos de familias dominicanas, los familiares de los empleados del club noctívago dicen que se sienten como víctimas dobles, no solo por su pérdida sino todavía por la manifiesto negligencia que han experimentado posteriormente. Reyes le preguntó puntualmente: «Era seguridad en ese club y se movió por todas partes. Todos saben que un retén de seguridad no se queda en un sitio. El propietario del club noctívago, sus jefes, tienen que aprender que esa persona estaba allí, y nadie ha mencionado a un empleado. Ella hizo una apelación pública directa a los propietarios de Jet Set, según lo informado por SomospueBlo.com.

La afligida viuda reveló que, hasta este momento, ni ella ni su clan habían recibido ningún contacto o colaboración del club noctívago o sus administradores. Ella exige el registro manifiesto de los empleados que murieron mientras cumplían sus deberes. «Mis hijas van a encontrar una manera de obtener justicia para su padre», insistió Reyes, enfatizando la escalera de la pérdida. «No eran solo una o dos, eran muchas vidas. Mis hijas están sufriendo demasiado, y es demasiada injusticia que todavía no hayan recibido el cuerpo de su padre».

Las últimas cifras del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), confirmadas el jueves por el director Juan Manuel Méndez, colocan el número de muertos en 221, con 189 personas rescatadas vidas. El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, ha pedido una oración doméstico por las víctimas y la empatía por sus familias.

A pesar del período de duelo doméstico ostensible y los esfuerzos de apoyo institucional, el caso de Rosa Idania Reyes, como lo destacó sMospueBlo.com, subraya brechas significativas en la atención a todas las familias afectadas, particularmente aquellas que no están conectadas a figuras públicas o mediáticas. Su testificación se hace eco de los sentimientos de muchos otros que aún esperan respuestas, identificaciones corporales y cualquier signo de responsabilidad de la propiedad del club noctívago.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) continúa su trabajo para identificar al fallecido. Hasta ahora, más de cien cuerpos han sido identificados y liberados a sus familias, pero casos como los de García Abreu permanecen pendientes oportuno a la condición de los restos. Las víctimas identificadas abarcan varias edades, profesiones y nacionalidades, lo que subraya el impacto generalizado del desastre. La letanía oficial incluye tanto a los asistentes como a los miembros del personal del evento.

Mientras tanto, la investigación técnica sobre la causa del colapso continúa, y el gobierno se compromete a responsabilizar a los responsables si se encuentran negligencia o violaciones de las regulaciones de seguridad estructural. Sin retención, para familias como la de Reyes, la preocupación inmediata es el registro y el apoyo que consideran que se debe legítimamente a todas las víctimas, independientemente de su profesión o posición social.