Puerto Plata. La Procuraduría Fiscal de Puerto Plata solicitó este lunes 30 abriles de retiro anciano contra el pelotero dominicano Wander Franco, actualmente suspendido de las Grandes Ligas, por presuntos delitos relacionados con desmán sexual de menores y manejo de personas.
El proceso de fondo inició formalmente este 2 de junio, tras acontecer sido aplazado en diciembre de 2024. En la audiencia estuvieron presentes todas las partes involucradas, incluyendo los testigos citados por el Ministerio Manifiesto.
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Junto a Wander Franco igualmente enfrenta cargos Martha Vanessa Chavalier, causa de la último afectada, acusada de comercializar sexualmente a su hija. De acuerdo con la inculpación, uno y otro imputados incurrieron en graves violaciones a la Ley 136-03 sobre protección de menores, la Ley 137-03 sobre manejo de personas, y la Ley 155-17 contra el lavado de activos. Asimismo, se les imputa asociación de malhechores, conforme a los artículos 265, 266 y 267 del Código Penal Dominicano.
Durante la audiencia trascendió que el padre de la último retiró su querella, alegando que los hechos habrían sido un malentendido. No obstante, el Ministerio Manifiesto mantiene la inculpación formal, y el proceso continúa conforme a lo establecido por el tribunal.
Según las investigaciones, Franco habría sostenido relaciones sexuales con la víctima cuando esta tenía 14 abriles, supuestamente con el consentimiento de su causa, quien habría recibido billete y riqueza a cambio de su silencio.
Wander Franco fue arrestado previamente en noviembre de 2024 por su décimo en una riña en un complicado residencial. Desde entonces, permanece en confianza bajo presentación periódica, mientras avanza el proceso legislativo en su contra.
El pelotero, que firmó en 2021 un convenio de 11 abriles y 182 millones de dólares con los Tampa Bay Rays, se encuentra fuera de actividad profesional desde julio de 2024, tras ser colocado en la Lista Restringida de la MLB conveniente a las investigaciones en curso.
El proceso de Wander Franco continuará con la presentación de pruebas y alegatos por parte de las partes involucradas. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de la albor y el combate firme contra la manejo y explotación de menores.
