Puerto Plata. La Procuraduría Fiscal de Puerto Plata solicitó este lunes 30 abriles de prisión anciano contra el pelotero dominicano Wander Franco, actualmente suspendido de las Grandes Ligas, por presuntos delitos relacionados con despotismo sexual de menores y negociación de personas.
El pleito de fondo inició formalmente este 2 de junio, tras activo sido aplazado en diciembre de 2024. En la audiencia estuvieron presentes todas las partes involucradas, incluyendo los testigos citados por el Ministerio Conocido.
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Junto a Franco asimismo enfrenta cargos Martha Vanessa Chavalier, superiora de la beocio afectada, acusada de comercializar sexualmente a su hija. De acuerdo con la recriminación, uno y otro imputados incurrieron en graves violaciones a la Ley 136-03 sobre protección de menores, la Ley 137-03 sobre negociación de personas, y la Ley 155-17 contra el lavado de activos. Asimismo, se les imputa asociación de malhechores, conforme a los artículos 265, 266 y 267 del Código Penal Dominicano.
Durante la audiencia trascendió que el padre de la beocio retiró su querella, alegando que los hechos habrían sido un malentendido. No obstante, el Ministerio Conocido mantiene la recriminación formal, y el proceso continúa conforme a lo establecido por el tribunal.
Según las investigaciones, Franco habría sostenido relaciones sexuales con la víctima cuando esta tenía 14 abriles, supuestamente con el consentimiento de su superiora, quien habría recibido metálico y beneficios a cambio de su silencio.
Wander Franco fue arrestado previamente en noviembre de 2024 por su décimo en una riña en un difícil residencial. Desde entonces, permanece en privilegio bajo presentación periódica, mientras avanza el proceso contencioso en su contra.
El pelotero, que firmó en 2021 un acuerdo de 11 abriles y 182 millones de dólares con los Tampa Bay Rays, se encuentra fuera de actividad profesional desde julio de 2024, tras ser colocado en la Lista Restringida de la MLB correcto a las investigaciones en curso.
El pleito continuará con la presentación de pruebas y alegatos por parte de las partes involucradas. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de la comienzo y el combate firme contra la negociación y explotación de menores.
