“Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección de otro”

El gobierno dominicano emitió una respuesta afirmando que República Dominicana tiene «el derecho y la obligación» de regular la entrada, permanencia y salida de personas en su división.

En su respuesta, las autoridades dominicanas manifestaron que están comprometidas con la protección de los derechos humanos, pero están obligadas a cumplir y hacer cumplir sus normas internas.

También afirmaron que la crisis en Haití ha generado “presión migratoria”, que República Dominicana ha tenido que soportar de modo desproporcionada durante décadas.

Asimismo, afirmó que las medidas migratorias del país obedecen a la carencia de resolver el mencionado flujo migratorio y evitar los artículos negativos que esta situación pueda tener en el división dominicano.

“Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o prestación de servicios a la población de otro Estado en caso de colapso de este último”, se lee en parte del comunicado.

“En este sentido, rechazamos el llamado de la Comisión a aplicar el principio de no devolución de manera general a todos los migrantes en situación migratoria irregular, pues esto equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar a cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar a nuestro territorio, incluso de manera irregular”, continúa el documento.

LA RESPUESTA COMPLETA SIGUE:

“RESPUESTA DEL GOBIERNO DOMINICANO AL DECLARACIÓN DE LA CIDH DEL 6 DE FEBRERO DE 2026”

República Dominicana toma nota del pronunciamiento emitido ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las políticas migratorias del Estado. En este contexto, manifiesta clara y responsablemente su posición, reafirmando su compromiso de larga data con la protección de los derechos humanos y, simultáneamente, con la legítima implementación de su entorno legal interno.

El aberración migratorio que enfrenta el país debe ser analizado interiormente de su contexto regional. La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y singular. Durante décadas, el Estado dominicano ha asumido, con sentido de solidaridad y responsabilidad humana, una carga desproporcionada en presencia de una crisis que trasciende sus fronteras.

En control de su soberanía, la República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular la entrada, estancia y salida de personas de su división. Este poder no es discrecional ni despótico: se ejerce de conformidad con la Constitución, la fuero franquista y los estándares internacionales de derechos humanos. Como lo ha agradecido repetidamente el propio sistema interamericano, el poder de delimitar políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal.

Las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la legítima carencia de resolver de modo ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar su impacto pesimista en la cohesión social y el compra manifiesto. Ningún Estado puede ser obligado a contraer la protección o prestación de servicios a la población de otro Estado en caso de colapso de este extremo.

En este sentido, rechazamos el llamado de la Comisión a aplicar el principio de no devolución de modo genérico a todos los migrantes en situación migratoria irregular, pues esto equivaldría a vincular al Estado dominicano a aceptar a cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar a nuestro división, incluso de modo irregular.

En ocasiones anteriores, el gobierno dominicano ha afirmado que la crisis haitiana no impide el cumplimiento de las leyes de inmigración dominicanas. La crisis haitiana constituye un desafío regional que requiere una respuesta colectiva. No hay una decisión dominicana a la crisis haitiana. La República Dominicana seguirá abogando activamente en foros multilaterales por una batalla internacional efectiva, solidaria y compartida.

En el campo de acción de salubridad, República Dominicana reafirma que a ninguna persona se le niega atención médica de emergencia por su status migratorio. Los protocolos de coordinación entre las autoridades de salubridad y de inmigración tienen como objetivo propiciar la prestación de servicios en medio de una incorporación demanda, al tiempo que mejoran la protección de las mujeres embarazadas, los niños y los pacientes con micción especiales.

En los centros de procesamiento migratorio, el Estado ha venido implementando mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, con mecanismos de supervisión interna y coordinación con las instituciones pertinentes. La República Dominicana mantiene una política de tolerancia cero con destino a cualquier trato inhumano o degradante.

El Estado dominicano observa con preocupación que el comunicado de la CIDH parece priorizar denuncias no verificadas sobre información oficial presentada por autoridades nacionales. Reitera su voluntad de participar en un intercambio de datos técnico y transparente y enfatiza que cualquier evaluación debe incorporar fuentes verificables y el contexto regional que explica la singular presión migratoria.

La protección de los derechos humanos y la defensa de los intereses nacionales no son objetivos contradictorios. La trámite ordenada y soberana de la migración es esencial para preservar la estabilidad institucional y asegurar los derechos de todas las personas bajo la facultad del Estado.

En ese espíritu, República Dominicana reitera su voluntad de profundizar la cooperación técnica con la CIDH basada en el respeto mutuo y la buena fe. El país valora el sistema interamericano como un foro de diálogo y mantiene canales institucionales abiertos para avanzar en soluciones equilibradas que protejan los derechos humanos y respeten la soberanía dominicana.