La jueza de distrito Kiyo A. Matsumoto, quien encabeza el proceso en el tribunal federal de Brooklyn contra los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase de la Cruz y Luis Leandro Ortiz Ribera, desestimó una moción de la defensa que pretendía retrasar el cordura.

Los abogados buscaban postergar el inicio adecuado a un cambio en las reglas federales de evidencia que entra en vigor el 1 de diciembre; sin incautación, transmitido que la fiscalía estima que el proceso durará entre tres semanas y un mes, se prevé un veredicto para mediados o finales de noviembre de 2026, cumpliendo holgadamente con el plazo previo a la reforma constitucional.

Clase y Ortiz enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude contra la honestidad (honest services fraud), soborno deportivo y lavado de metálico.

Los todavía dominicanos Robinson Vásquez Germosen y Luis Arismendy Paca Méndez figuran como coacusados, señalados por compartir información privilegiada —proporcionada por Clase, de 28 abriles— con otros apostadores para realizar apuestas sobre lanzamientos específicos que, según la fiscalía, estaban predeterminados.

Paca Méndez, quien presuntamente vivió con Clase en su residencia de Ohio durante la trama, no participará en este cordura en Brooklyn. Tras ser extraditado desde la República Dominicana el pasado 19 de octubre, su situación se maneja por separado, según informó un portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Entre los posibles testigos citados para el proceso penal figuran miembros de la directiva de los Guardians —incluido el director genérico Mike Chernoff—, así como coaches y receptores que trabajaron con uno y otro lanzadores, adicionalmente de representantes de las Grandes Ligas (MLB) y de la plataforma DraftKings.

El modus operandi y las pruebas del caso

La fiscalía sostiene que Clase, agradecido como uno de los mejores cerradores del béisbol, manipuló al menos 18 lanzamientos en 17 juegos entre el 19 de mayo de 2023 y el 28 de mayo de 2025. Presuntamente, el arrojador tiraba bolas intencionalmente o alertaba a los apostadores que realizaría un pitcheo de beocio velocidad.

Los fiscales afirman que la información se compartía con Vásquez y Méndez mediante términos en esencia como «gallo» y «pollo», presuntamente a cambio de sobornos y comisiones ilegales.

Bajo este esquema, los apostadores habrían realizado más de 100 apuestas en las plataformas DraftKings, FanDuel y ESPN BET, obteniendo ganancias de al menos 400,000 dólares.

Por su parte, la defensa de Clase argumentó en un documento presentado en septiembre que los lanzamientos formaban parte de la organización habitual del equipo: «En el juicio, el jurado deberá decidir si ciertos pitcheos se realizaron por motivos legítimos de estrategia beisbolística o como parte de un plan para defraudar a empresas de apuestas. Si se analiza de forma aislada, cualquier lanzamiento que termine en el suelo podría interpretarse como algo ilícito».

Previamente, en enero, sus abogados alegaron que Clase no participó en ninguna conspiración. Explicaron que los mensajes con sus allegados se referían a apuestas sobre peleas de gallos en la República Dominicana —donde la actividad es constitucional— y que los envíos de metálico a su país originario tenían como fin la transacción y cuidado de animales, incluyendo un heroína.

Los motivos financieros en disputa

Durante una audiencia fresco, la fiscalía reveló que Clase adeuda cerca de 500,000 dólares al IRS (la agencia tributaria estadounidense), lo que a su cordura constituyó el móvil financiero para aceptar los sobornos.

Al respecto, ESPN corroboró la existencia de un censo fiscal federal emitido en mayo de 2026 en el condado de Maricopa, Arizona, por un monto de 588,919.60 dólares en impuestos atrasados correspondientes al periodo 2022-2024. Pese a los argumentos de la fiscalía, la defensa negó un móvil financiero y la jueza dictaminó que dicha información fiscal es inadmisible en el cordura.

En el caso de Luis Leandro Ortiz, de 27 abriles, se le acusa de manipular dos lanzamientos en dos juegos de junio de 2025. La fiscalía sostiene que Ortiz arrastraba deudas con una empresa que adelanta metálico a deportistas profesionales a cuenta de sus ingresos futuros.

No obstante, la defensa de Ortiz calificó el caso del gobierno como «sumamente endeble», asegurando en documentos judiciales que el deportista nunca se comunicó con los apostadores: «Ni una sola vez. Ni por mensaje de texto, ni por teléfono, ni en persona». Según los abogados, la incriminación se sostiene solamente en el afirmación de dos apostadores que cooperan con la neutralidad y en un puñado de apuestas que ellos y dos familiares realizaron.

El supuesto fraude saltó a las alarmas de las casas de apuestas tras registrarse un flujo de metálico inusual en el primer emanación de Ortiz en la víctima de la segunda entrada contra los Seattle Mariners (15 de junio de 2025), y en su primer pitcheo en la reincorporación de la tercera entrada contra los St. Louis Cardinals (27 de junio de 2025). El gobierno detalló que el monto apostado en esos dos eventos fue hasta «136 veces mayor» que el promedio habitual de los implicados.

A raíz de este escándalo, la MLB solicitó a las casas de apuestas fijar un linde mayor de 200 dólares para apuestas en lanzamientos individuales y prohibió incluirlas en combinadas (parlays).

Impacto deportivo y posibles condenas

La MLB colocó a uno y otro peloteros bajo inmoralidad administrativa remunerada en julio de 2025, y cuatro meses luego fueron imputados formalmente. En el plano financiero, Clase ha reses más de 13 millones de dólares en sus siete abriles de carrera y tenía proyectado percibir 6.4 millones en 2026, mientras que el salario de Ortiz en 2025 era de 782,600 dólares.

Los bufetes legales de Clase, Ortiz y Paca Méndez guardaron silencio frente a las solicitudes de comentarios de ESPN, al igual que un portavoz de la Fiscalía Federal. Por el contrario, Todd Spodek, abogado del coacusado Robinson Vásquez, defendió la inocencia de su cliente: «La gente olvida que una acusación formal es sólo la versión de los hechos presentada por el gobierno. El señor Vásquez es inocente, y estamos seguros de que las pruebas así lo demostrarán».

El cordura contará con un intérprete de gachupin, ya que los debates previos han girado en torno a la traducción oficial de mensajes de texto, videos y notas de voz que se usarán como evidencia incriminatoria. De ser hallados culpables por el tribunal de la jueza Matsumoto, los acusados enfrentan penas máximas de hasta 20 abriles de prisión por fraude electrónico y lavado de metálico, y hasta 5 abriles por soborno deportivo. Este es el primer caso de cinco procesos federales por apuestas y manipulación en el deporte que llega formalmente a la etapa de cordura en los últimos tres abriles.