La ONG Women’s Link ha presentado una comunicación urgente frente a seis mecanismos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar su intervención en el caso las dos exempleadas del cantante Julio Iglesias por «temor a las represalias». Las extrabajadras denunciaron activo sufrido abusos en sus residencias de Bahamas y República Dominicana en 2021.

La batalla frente a el organismo internacional se produce tras la querella presentada el pasado 3 de septiembre frente a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia gachupin, según ha informado la propia estructura, que acompaña y representa a las denunciantes en el proceso.

El abogado del cómico, José Antonio Choclán, indicó en declaraciones a Europa Press la semana pasada que no tienen «nueva formal» de que se haya presentado la querella. «En todo caso ya se declaró la descuido de la competencia española. No podemos asegurar mucho más», ha zanjado.

Ahora, la comunicación urgente se ha dirigido, entre otros mandatos, a la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, así como a la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la proxenetismo de personas.

A través de este escrito, la entidad traslada su «preocupación de que el Estado gachupin no cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados».

Por ello, insta a los relatores a pedir información al Gobierno gachupin sobre cómo garantizará una «investigación efectiva e independiente» y a pedir que se aborde el procedimiento bajo una «perspectiva de índole interseccional».

Uno de los ejes centrales de la solicitud radica en la exigencia de articular «medidas urgentes de protección» para las denunciantes –que han tomado los nombres ficticios de Rebeca y Laura–, sus familias y los posibles testigos del caso, frente a el «temor a represalias» manifestado por las querellantes.

Desde la defensa sostienen que «la empeoramiento de los hechos denunciados, la posición de poder crematístico y social del denunciado, así como la contemporáneo descuido de protección del Estado» incrementan la situación de vulnerabilidad de las denunciantes.

En este sentido, advierten de una «preocupación estructural sobre el ataque a la honestidad de mujeres migrantes trabajadoras del hogar», argumentando que factores como su condición migratoria, étnico o económica no pueden transformarse en «obstáculos para alcanzar a la honestidad ni para que la querella sea investigada con la debida diligencia».

La estructura recuerda que «no sería la primera vez que un organismo internacional señala fallos del Estado gachupin en su deber de diligencia debida».

En ese sentido, cita la resolución del Comité de la CEDAW en 2014 por el ‘caso Ángela González Carreño’ y la condena dictada en octubre de 2024 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el ‘caso T.V. c. España’, donde se constató la violación del artículo 4 del Convenio Europeo sobre la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado al no llevar a cabo con la debida diligencia en la investigación auténtico.

Previamente, el 5 de enero de 2026, las trabajadoras interpusieron una denuncia frente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue archivada el 23 de enero al estimar el Ministerio Divulgado que España carecía de competencia para investigar los hechos cometidos en el extranjero. Fuente: Infobae