NUEVA YORK, N.Y. (24 de agosto de 2026) — Las empresas J&N Records, J&N Publishing, 829Music Mundial y Mayimba Music lograron un equivocación propicio en el Distrito Sur de Florida, donde recibirán 1.2 millones de dólares como indemnización por daños legales en presencia de la violación de sus derechos de autor.
Tras el equivocación, las disqueras expresaron su agradecimiento a los abogados Roger Juan Maldonado y Sarah Gottlieb, de la firma Smith Gambrell & Russell LLP, calificando el resultado como un logro de gran importancia para la protección de sus catálogos musicales.
La sentencia impone adicionalmente una restricción permanente contra Harley Boys Entertainment (Road Runner Entertainment), HBE Media Holdings y Luis Alfredo Silverio, conocido como Luigui Bleand. Los demandados quedan inhabilitados para reproducir, distribuir, promocionar o entregar, de forma directa o indirecta, docenas de grabaciones sonoras y composiciones musicales protegidas.
La audacia de altercar no se tomó a la ligera. Representa un esfuerzo conjunto sin precedentes en el que tres compañías de música independientes unieron fuerzas, invirtiendo considerables capital, tiempo y energía tras soportar nueve abriles de abusos continuos. Durante casi una lapso, los demandados ignoraron con arrogancia y desdén todas las advertencias de buena fe.
A lo prolongado del cordura se descubrió que Luis Alfredo Silverio registraba falsamente a su nombre composiciones de terceros, recaudando regalías de forma ilícita en todo el ecosistema digital. En cuanto a las grabaciones fonográficas (masters), los acusados simplemente las extraían de internet y las comercializaban sin ninguna autorización escrita de los artistas ni de los titulares de los derechos.
El esquema fraudulento escaló al revelarse que utilizaron esta propiedad intelectual robada para afirmar préstamos financieros; de forma específica, un crédito de $750,000 con la firma Sound Royalties, respaldado ilegítimamente por las regalías de los demandantes. Esta influencia provocó que la misma entidad financiera demandara seguidamente a las disqueras afectadas, obligándolas a incurrir en gastos y honorarios legales adicionales.
Las empresas afectadas destacaron la vulnerabilidad presente de la industria: a diferencia de la era predigital —donde las plantas de prensado exigían rigurosos documentos de condena de custodia— hoy en día cualquier persona con una computadora puede subir música a distribuidoras digitales basados en aplicaciones sin escasamente supervisión.
Al no avanzar la debida diligencia tradicional al mismo ritmo que la tecnología, se abre una ventana a la piratería. Con este equivocación histórico, los demandantes envían un mensaje convincente a la industria: sin importar si son independientes o no, protegerán sus derechos con todo el peso de la ley
