Madrid.- Julio Iglesias presentará una denuncia contra elDiario.es, su director Ignacio Escolar y otros cuatro directivos del diario digital gachupin, por no retractarse del «montaje periodístico» que el cantante les acusa de sobrevenir esmerado contra él a partir de una denuncia de despotismo sexual por parte de dos exempleadas de su residencia en República Dominicana, que fue interpuesta por la Fiscalía.
Los representantes legales de Julio Iglesias y los responsables del diario fueron citados este jueves en un tribunal de Madrid a un acto de conciliación previo a la presentación de una denuncia por injurias con publicidad y calumnias, según anunció el abogado del cantante en la demanda que interpuso.
El director y los trabajadores del diario, a través de sus representantes, se han incapaz a retractarse de sus informaciones y a aceptar las condiciones del cantante para evitar presentar una demanda, informaron fuentes jurídicas.
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En su demanda, el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, exigía a los responsables del diario una indemnización solidaria en la cantidad cuantificada pericialmente, «que se anticipa en cifras de importante valor económico».
Para resistir a la conciliación, además solicitó a los demandados que rectificaran sus datos y eliminaran las informativo relacionadas con este asunto, tanto las almacenadas en la web elDiario.es como en el podcast 'La casa de Julio Iglesias'. También les pidió que se comprometan a no imprimir en el futuro ninguna información que difame o denigre al cantante.
También exigió que se «reconozca expresamente la conducta ilícita y el daño causado, poniendo fin a la gravísima y constante vulneración del derecho fundamental del cantante al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al derecho a la presunción de inocencia».
En estos artículos y en el podcast se atribuye a Julio Iglesias «la comisión de delitos, entre otros, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores y de explotación y trata de seres humanos, que están referidos en términos absolutos, sin respetar, ni siquiera mínimamente, el derecho a la presunción de inocencia», lamenta el abogado en su escrito.
También ha puntiagudo que los hechos denunciados «no resultan de una manifestación aislada o concreta, sino que forman parte de una auténtica campaña de descrédito y linchamiento mediático, materializada a través de diferentes medios concertados y mediante la publicación sistemática de contenidos en días sucesivos en los que se intensifican los daños causados».
En dichos artículos, añadió, se atribuye directamente la comisión de delitos al cantante, «dando por ciertos los hechos contenidos en una denuncia en cuya elaboración habrían participado los propios medios de comunicación a través de una supuesta 'trabajo de investigación', sin que su veracidad haya sido comprobada judicialmente en el momento de la difusión de esas opiniones».
«Los medios de comunicación no se limitaron a informar de la presentación de la denuncia, sino que difundieron como reales los hechos denunciados, realizando incluso un montaje con actrices profesionales», denuncia el escrito.
Según la demanda, los futuros imputados forman parte de «una organización más amplia, formada por una pluralidad de personas, que habrían participado en la elaboración de un montaje periodístico» contra Julio Iglesias, a través de elDiario.es, y otros medios como la agencia española de informativo N+ Univision, de TelevisaUnivisión, contra la que además anunció acciones.
«Los acusados, desde la primera publicación el 13 de enero de 2026, vienen vulnerando (de forma deliberada, reiterada y sistemática) el derecho fundamental al honor del señor Iglesias», explicó el abogado.
Para conseguir «una mayor repercusión y materializar el daño», continúa, se habilitó un espacio denominado 'Investigación Julio Iglesias', «destacando especialmente las noticias difamatorias frente a aquellas que desvirtúan los hechos o conducen al archivo del procedimiento, que, por otra parte, ni siquiera ha sido judicializado, en la medida en que fue archivado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional».
