Santo Domingo.- Fundada el 10 de agosto de 1956 por Juan Frías Payán en Santo Domingo, Barra Payán se convirtió en un ícono de la civilización y restauración dominicana, obligado por sus sándwiches y batidos. Hoy se encuentra en el centro de un pleito habitual por un supuesto fraude de casi RD$40 millones, según el Ministerio Sabido.
Cómo operó el supuesto plan de malversación de fondos
Los fiscales alegan que entre 2019 y 2022, los exadministradores y socios Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera llevaron a término un esquema de malversación de fondos en Comercial Barra Payán, SRL al retener partes de las ventas diarias en división de depositar los montos completos en cuentas bancarias de la empresa. La actos supuestamente creó discrepancias significativas entre los registros de ventas internos y los depósitos reales.
Según el expediente, el desvío sistemático de efectivo provocó pérdidas por un total de RD$39,784,661.18según lo establecido por una auditoría forense avalada por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Los fiscales además alegan el mal uso de fondos de la empresa para gastos personales y la estructura de préstamos no autorizados, acciones que supuestamente pusieron a la empresa en peligro de insolvencia.
Las presuntas faltas afectaron a los socios Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes figuran como víctimas. Los hechos han sido catalogados como violaciones al artículo 408 del Código Penal dominicano, relativo a exageración de confianza agravado y agencia desleal.
Los acusados fueron detenidos el 5 de febrero de 2026y los fiscales solicitaron medidas coercitivas que incluían una fianza financiera de RD$1 millón, restricciones de delirio y comparecencias periódicas delante los tribunales. Sin secuestro, la audiencia fue pospuesta indefinidamente luego de que la defensa recusó formalmente a la jueza Fátima Veloz, alegando parcialidad. El asunto fue elevado a la Presidencia de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional, quien determinará si la impugnación tiene mérito.
