El director normal de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, abordó los alcances de la ley de adquisiciones públicas durante una entrevista realizada la mañana de este miércoles en el software Telematutino 11en el que explicó su enfoque como aparejo de explicación y se refirió al origen del régimen de impunidad en este sistema.

La contratación pública como motor del explicación

Pimentel afirmó que la contratación pública tiene como objetivo contribuir al explicación crematístico del país. Señaló que la transparencia, el control y la eficiencia son medios necesarios, pero no el objetivo final del sistema, cuyo propósito es atraer inversiones, difundir empleos e impulsar la peculio a través de políticas públicas.

En ese contexto, destacó que se prioriza la contratación de producción doméstico y que se incrementa del 20% al 30% el presupuesto destinado a procesos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Asimismo, se eleva del 5% al ​​10% la proporción de procesos dirigidos a Mipymes Mujeres y se aumenta del 20% al 30% el antelación que deben admitir estas empresas al momento de su adjudicación.

El director de la DGCP destacó que más del 95% del tejido crematístico doméstico está formado por pequeñas y medianas empresas, con presencia en todo el paraje, y que el asalto de la contratación desde una perspectiva estratégica averiguación convertir este sistema en un motor de explicación y dinamización económica.

No es una ley anticorrupción, sino una puesta por el explicación

Durante la entrevista, Pimentel enfatizó que la ley de contratación pública no es ni debe ser concebida como una ley anticorrupción. Manifestó que su razón de existir es sospechar por el explicación del país y que esa debe ser la pulvínulo de la conversación pública en torno a este ámbito admitido.

Indicó que el sistema de contratación tiene como objetivo promover el crecimiento crematístico, atraer inversiones, difundir empleos y robustecer el tejido productivo doméstico, especialmente a través de la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de compras del Estado.

El origen del régimen de impunidad en la contratación pública

Al referirse al tema de la corrupción y la impunidad, Pimentel sostuvo que se han conseguido avances y que la ley ha sido un utensilio que ha contribuido a ese proceso. Sin confiscación, identificó el origen del régimen de impunidad en la antigua Ley 340-06 de adquisiciones públicas, aprobada en 2006 como parte de un compromiso con el DR-CAFTA, durante el gobierno del entonces presidente Leonel Fernández.

Explicó que dicha ley fue modificada escasamente seis meses posteriormente de su aprobación, cuando se eliminó el régimen de consecuencias. Señaló que una ley sin consecuencias dio empleo al arranque de un régimen de impunidad, al retirar los mecanismos destinados a castigar las irregularidades. Según él, este hecho marcó el inicio de la instalación de un esquema de impunidad en las compras públicas a partir de 2006, y esto debería citarse registrado en la historia.

El funcionario afirmó que la corrupción existe en todos los países y que no es realista aspirar a su matanza total, ya que argumenta a condiciones éticas y morales de quienes ejercen funciones públicas o privadas. Sin confiscación, enfatizó que lo que no se puede tolerar bajo ningún concepto es un régimen de impunidad.

En ese sentido, señaló que el país viene de una época previo a 2020 caracterizada no solo por la impunidad, sino además por esquemas de complicidad, donde incluso las instancias convocadas a investigar y perseguir la corrupción formaban parte de esas estructuras. Concluyó reiterando que la ley de adquisiciones públicas debe entenderse como un compromiso con el explicación del país y que ese debe ser el eje central del debate.