La denuncia presentada en España contra el cantante Julio Iglesias por supuesto acoso y ataque sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, que fue presentado en su país por «falta de competencia», podría ser aceptado en los tribunales dominicanos, según coincidieron abogados en declaraciones a EFE.

Los supuestos hechos ocurrieron en República Dominicana, concretamente en la mansión de Iglesias en Punta Cana (este), uno de los denunciantes es dominicano y el cantante tiene ciudadanía dominicana, «por lo que obviamente el caso cae bajo la jurisdicción de República Dominicana, no de España», dijo a Efe el jurista y universitario dominicano Cándido Simón.

La Fiscalía española concluyó este viernes que no se cumplen los requisitos que exige la ley para que la Justicia investigue la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial exige, entre otras cuestiones, que el imputado sea ciudadano castellano, que no haya un procedimiento hendido en el circunstancia donde se cometieron los hechos ni en un tribunal internacional, y que exista una «vínculo material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

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«La jurisdicción competente es la República Dominicana donde supuestamente se cometieron los hechos», afirmó el abogado Simón, quien calificó de «correcta» la valentía adoptada por la Fiscalía española al respecto.

El caso afecta a una exempleada del domicilio del cantante y a un fisioterapeuta, quienes aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la certeza de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, humillaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

El abogado penalista dominicano y catedrático de Derecho Penal René del Rosario explicó a Efe que los denunciantes pueden «perfectamente» presentarse frente a la fiscalía de Higüey, municipio preliminar de la provincia de La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, y presentar una denuncia o denuncia, pero todavía el Ministerio Sabido, por tratarse de una obra pública, puede ordenar una investigación.

Sin secuestro, consideró que el caso «tendría pocas posibilidades» de «éxito» en República Dominicana, adecuado a las dificultades para obtener «evidencias científicas» que confirmen lo ocurrido, presuntamente en 2021.

En Derecho y Medicina «es peligroso hacer predicciones», pero «en este tipo de casos, incluso sin el perfil (mediático) de Julio Iglesias, la acción no suele proceder por la dificultad científica de poder establecer que los hechos sucedieron y más cuando el sospechoso lo niega», anotó.

Tras conocer la denuncia, Julio Iglesias aseguró que nunca había «abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer», y luego intentó personarse en esta investigación, para tener ataque directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía de su país rechazó su petición.

Las dos mujeres presentaron la denuncia el 5 de enero, y días luego, el día 16, la Fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la ordenamiento Women's Link Worldwide.

La comprensión de este caso se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es. (España) y Univisión Noticias (EE.UU.) recogieron relatos de ambas denunciantes sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y humillaciones por parte del cantante en 2021, cuando tenía 77 primaveras.

Aunque Julio Iglesias tiene ciudadanía dominicana y uno de los denunciantes es dominicano, las autoridades locales prácticamente se han mantenido al ganancia del tema.