Santo Domingo.- El gobierno dominicano está preparando un conjunto de medidas tributarias administrativas para impulsar la cuestación de ingresos a partir del próximo año, sin presentar nuevas reformas al Congreso Nacional. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, explicó que la táctica se centra en mejorar la equidad tributaria y asegurar una competencia amigo, haciendo más válido el sistema tributario existente a través de mecanismos que ya tiene a disposición el Poder Ejecutivo.

Las medidas, lideradas principalmente por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas, incluyen ampliar la facturación electrónica, vigorizar la trazabilidad de los productos de licor y cigarrillos y reanimar los controles tributarios vinculados a las nuevas tecnologías. Según Díaz, estas acciones ayudan a disminuir la diversión fiscal y gestar maduro confianza en el sector privado al asegurar que todos los actores económicos operen bajo las mismas reglas.

El ministro reconoció que si aceptablemente las medidas administrativas son esenciales, no son suficientes por sí solas para acometer los déficits fiscales estructurales. Señaló que las normas tributarias deben actualizarse constantemente, ya que los contribuyentes se adaptan rápidamente a los cambios. Una vez que se fortalezca aún más la gobierno administrativa, el gobierno podría evaluar ajustes en otras áreas, incluidos impuestos selectivos que no se han actualizado en los últimos primaveras.

En el frente financiero, Díaz desestimó las preocupaciones sobre una crisis monetaria y destacó que las reservas internacionales superan los 14.000 millones de dólares, lo que permite al Banco Central diligenciar la volatilidad del tipo de cambio. También enfatizó una resistente coordinación entre las instituciones estatales en materia de decisiones fiscales y monetarias, los esfuerzos para reactivar sectores esencia como la construcción y una reducción significativa de los subsidios a los combustibles, respaldada por los menores precios internacionales del petróleo. Con estas acciones, el gobierno pretende equilibrar las finanzas públicas y apoyar la estabilidad económica sin introducir por ahora nuevas reformas fiscales legales.