Conferencia de prensa de la Secretaría de Medio Ambiente de Fuerza del Pueblo. (Foto: Listín Diario)
Santo Domingo.- El partido de concurso de la República Dominicana, Fuerza del Pueblo (FP), ha presentado graves acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente, alegando que emitió más de 6.000 permisos ambientales en sólo 11 meses, una signo “astronómica” e “inviable” que sugiere posibles irregularidades en el proceso de aprobación. El secretario de Medio Ambiente de la FP, Paino Abreu, argumentó que el Ministerio carece de capacidad técnica y administrativa para procesar tal convexidad manteniendo salvaguardas legales y ambientales.
Las acusaciones de FP van más allá de las cifras y ponen de relieve lo que llaman un maniquí de trámite “distorsionado” que implica manipular datos, debilitar las evaluaciones de impacto ambiental y permitir a intermediarios simplificar permisos a cambio de pagos ilícitos. El partido dijo que había presentado un referencia formal titulado “Licencias y permisos preocupantes” y exige una auditoría forense por parte de la Cámara de Cuentas y la intervención inmediata de la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental (OEIG) para investigar estas alarmantes afirmaciones.
La concurso además expresó su preocupación por la fiabilidad de las estadísticas ambientales oficiales, alegando que las cifras publicadas por el gobierno sobre la cobertura forestal y las importaciones de madera están infladas o son engañosas. Abreu advirtió sobre el ofensa de las condiciones laborales de los guardaparques y el cesión institucional de las áreas protegidas, una señal, dice FP, de una degradación sistémica de la gobernanza ambiental del país.
En remisión a paralelismos con casos de corrupción pasados —como el escándalo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)—, Fuerza del Pueblo enfatizó que de confirmarse irregularidades, este escándalo socavaría gravemente tanto la sostenibilidad ambiental como la confianza pública. El partido insta a las autoridades a interpretar con celeridad y transparencia: esto no es sólo un error de procedimiento, sino una crisis potencial en la trámite ambiental.
