Por Edith Febles
Fuente: El día digital

El Seguro Nacional de Salud, SENASA, desembolsó más de doce mil millones de pesos a gracia de empresas privadas que, en la mayoría de los casos, quedaron habilitadas como proveedoras de insumos para la vigor a posteriori de 2020, cuando inició la filial de Santiago Hazim.

La columna principal de los gastos millonarios cuestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, y ahora bajo la lupa del Ministerio Manifiesto, la componen la transacción de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y la adquisición de vacunas. Los títulos millonarios fueron cuestionados en múltiples ocasiones por personal técnico de SISALRIL que llegó a advertir que los gastos en nutrientes, por ejemplo, ponen en peligro la sostenibilidad económica de las ARS públicas.

Pese a las alertas, los cuestionados programas nutricionales del SENASA, dirigidos a escolares y adultos mayores, se mantuvieron activos durante tres primaveras con un pago que asciende a casi seis mil millones de pesos (RD$5,861,036,783).

Método de suscripción

Para contratar servicios de atención primaria de vigor a empresas privadas, el SENASA utilizó el maniquí de suscripción capitado, asignando un monto fijo de 130 pesos mensuales por afiliado sobre una cojín de 900 mil afiliados al régimen subsidiado.

En el período comprendido entre 2020 y 2025, el ARS estatal desembolsó montos para estos fines por poco más de cinco mil millones de pesos (RD$5,083,164,602). De ese monto, la principal partida fue para la empresa “Khersun”, del patrón investigado Eduardo Read, que facturó casi cuatro mil millones de pesos (RD$3,897,064,602).

Le sigue la empresa Servicios Médicos DELESTE, con 932 millones cien mil pesos, mientras que otras tres recibieron en distintas proporciones títulos que alcanzan los 254 millones de pesos. Se negociación de las empresas UNIDICAPE, Fundación Sanas y VivaMax.

Mientras tanto, SENASA al punto que pagó 22 pesos por miembro de la red pública, muchas veces con retrasos.

Tensiones con el SNS

Cuando poco más de dos millones de afiliados se incorporaron al régimen subsidiado a finales de 2020, la ARS estableció un monto fijo por este concepto a gracia del Servicio Nacional de Salud, SNS, de 75 millones de pesos mensuales.

Los acuerdos que datan de 2018 fueron reconsiderados en tensas negociaciones.

Las tensiones alcanzaron un culminación en abril de 2023 cuando el SNS solicitó la mediación de SISALRIL.

El conflicto quedó registrado en los registros oficiales como un arbitraje que terminó cuando el organismo rector del Seguro Social obligó a un SENASA inobediente para honrar sus compromisos a gracia de las unidades estatales de atención primaria, UNAP, que cuenta -según cifras oficiales- con más de mil trescientos centros distribuidos en todo el país.

Eso, al menos, dicen los periódicos, pero por otro costado hay indicios testimoniales de que en la ejercicio SENASA recortó aún más los fondos que asignaba al sector manifiesto.

Favores a privados

Se analizan otros gastos destinados a beneficiar a los centros de vigor privados, que se realizaron bajo el maniquí de suscripción prospectivo con un monto fijo que, en muchos casos, no entregaron informes de ejecución.

La mayoría de las preguntas del víscera rector se concentran en los rubros ayer mencionados -nutrientes, atención primaria, vacunas y pagos prospectivos- durante los primaveras en que los contratos estuvieron vigentes, reclamos que sólo fueron abordados a mediados de 2023, cuando los millones entregados habían dejado una carga económica que reducía la capacidad de las ARS públicas para cumplir con sus compromisos financieros.

La caída del negocio en SENASA se produjo como si se tratara de un esquema Ponzi: cuando el patrimonio no alcanza para surtir a todos contentos.

En 2023 se incrementaron las quejas de proveedores insatisfechos con la retraso en aceptar sus pagos, lo que quedó documentado en múltiples intercambios de comunicaciones constantes entre el víscera rector y el SENASA.

Para entonces los auditores de SISALRIL fueron claros al señalar que SENASA corría el peligro de colapsar si se mantenía el ritmo actual hasta entonces.

Reclamaciones y sanciones

Las sanciones administrativas siguieron a las quejas de los proveedores hasta que, finalmente, a mediados de 2023, SISALRIL ordenó poner fin a los contratos millonarios de alimentación.

Los pagos a puntos de atención primaria y otros centros privados se mantuvieron hasta 2025 cuando estalló la crisis, se produjo una intervención más drástica de SISALRIL y la dirección del SENASA fue reemplazada por el presidente de la República, Luis Abinader, quien destituyó al ahora investigado Santiago Hazim, y nombró como director a Edward Guzmán.

Acciones privatizadoras

Hemos accedido a decenas de estos informes y, dada la complejidad y significación de la información, expondremos en sucesivas entregas los datos que evidencian una organización de privatización de los servicios de vigor del SENASA con inversiones millonarias de dudosa efectividad y modelos insostenibles.

A este documento llegamos de diversas fuentes: buena parte de la documentación fue entregada luego de solicitarla a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, entrevistas confidenciales con personal del SENASA. , algunos de ellos investigados por el Ministerio Manifiesto.

Testigos

Presiones
El cobro de sobornos constituye una piedra angular del caso SENASA. Hay testimonios de proveedores que recibieron presiones por pagos irregulares aún cuando la investigación ya era pública.