Santo Domingo.- La Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el magistrado Rafael Vásquez Goico como relator, rechazó el petición de apelación presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) y confirmó la sentencia que ordena al Estado dominicano avalar RD$10,912,792 a Affe Gutiérrez Gil, quien sufrió una prolongada e injusta prisión preventiva y graves violaciones a los derechos humanos.
La atrevimiento, emitida el 29 de agosto de 2025, confirma la sentencia precedente del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y representa la viejo indemnización nunca otorgada en la historia procesal dominicana por prisión preventiva injusta. El equipo legítimo de Gutiérrez (Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco) elogió el parecer como “un hito en el fortalecimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”.
Gutiérrez calificó el desenlace de agridulce, señalando que “ninguna cantidad de dinero puede recuperar los años perdidos”, y lamentó que las autoridades fiscales “nunca hayan pedido disculpas por el abuso cometido”.
Su calvario comenzó en 2008, poco luego de su himeneo con la periodista Sarah Pepén, cuando fue expulsado de la Policía Nacional y pronunciado de homicidio sin pruebas suficientes. En 2009, estuvo en prisión preventiva durante más de dos abriles y medio, hasta que un informante admitió acontecer sido sobornado para incriminarlo falsamente. Durante su encarcelamiento, Gutiérrez soportó intentos de homicidio, hizo huelgas de anhelo y se convirtió en padre mientras estaba tras las rejas.
En 2020, Gutiérrez presentó una demanda contra la PGR, solicitando RD$100 millones en compensación por los daños físicos, psicológicos y profesionales que sufrió. La TSA falló a su valenza al considerar que el Estado actuó de modo arbitraria y abusiva y ordenó una indemnización por daños morales y materiales.
Al confirmar esta atrevimiento, la Corte Suprema reafirmó que el Estado es responsable por los daños causados por la detención preventiva arbitraria y prolongada. La defensa de Gutiérrez concluyó: “Esta sentencia no puede devolver los años perdidos, pero restaura la dignidad y sienta un precedente histórico para la justicia en la República Dominicana”.
