María Elena Vásquez Taveras, presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia; Miguel Franjul, director de Listín Diario; Cándida Acosta, editora de Economía & Negocios, y personal de la ordenamiento. Listín Diario
El trabajo realizado en el país para afianzar la competencia entre los agentes económicos en el mercado ha mostrado avances significativos. Aún así, para ir más allá en interés del país y de los consumidores, la coetáneo suministro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) presentará una modificación a la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia.
Según la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, en el país se ha liberal y se ha llegado a muchos sectores, “pero aún falta mucho camino por recorrer”. Reveló que la institución presentará un esquema de reforma a la Ley 42-08 para imponer sanciones ejemplares a la competencia desleal, demanda de los sectores empresariales.
Actualmente, la código mencionada penaliza a los infractores con salarios mínimos, pero el esquema de ley propone que las multas se basen en la facturación del año fiscal antedicho.
También propone controlar las concentraciones, ya que República Dominicana es el único país de la región que no impide las concentraciones de mercado.
La código coetáneo tiene varias debilidades: desatiendo de un mecanismo de control previo del impacto de las concentraciones económicas sobre la vaco competencia; limitaciones de sanciones y procedimientos; insuficiente coordinación interinstitucional; desatiendo de posibles humanos y financieros; y la desatiendo de una civilización de competencia.
Explicó que antiguamente de fusionarse las empresas deben ocurrir por Procompetencia para evitar la creación de monopolios o abusos de posición dominante.
Este tipo de situaciones pueden tener un impacto interno, ya sea en el interior o fuera del país, como en el caso de las fusiones de líneas aéreas extranjeras, que, de haberse producido, habrían llevado a un acuerdo sobre los precios de los pasajes y habrían creado un monopolio.
En la modificación de la Ley de Competencia incluso considera fundamental incorporar las cuestiones de clemencia, “para detectar cárteles y colusiones”, ya que esta aparejo incentiva la denuncia de prácticas anticompetitivas, como los cárteles. Otro tema será la revisión de las fechas de caducidad y prescripción en la probidad penal, porque actualmente la prescripción es de sólo un año. Y los mercados digitales, donde un parámetro es el precio y la mayoría de las plataformas digitales son gratuitas.
El funcionario explicó, al participar en el Desayuno Listín Diario, que este año se han realizado dos talleres para proporcionar el conocimiento de la entidad y la importancia de los temas de competencia en la crematística a comunicadores y periodistas, jueces del Poder Judicial, así como a funcionarios de ética e integridad del Gobierno y directores de compras, para contribuir a la capacitación de actores esencia. La meta, dijo, es resistir a 1.000 servidores públicos este año, y desde abril pasado ya han sido capacitados 800.
Dijo que la idea es que los funcionarios de ética e integridad del Gobierno se conviertan en veedores, dada la importancia de las compras públicas, que representan el 18% del producto interno bruto (PIB) del país. “Cuando se violan, el Estado termina comprando bienes más caros y de menor calidad”, afirmó.
Según el funcionario, la primera condena por colusión se aplicó el año pasado. Actualmente hay cuatro investigaciones abiertas: una en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), dos en los comedores económicos y otra en el mercado de oxígeno medicinal. Por eso dijo: “El enfoque tiene un doble propósito”. El primero es la capacitación de los actores esencia, ya que “las especificaciones son donde el caucho se encuentra con el camino”, y certificar que se cumpla el objetivo de la vaco competencia. El segundo es la defensa de la competencia, para identificar alertas de colusión.
Del Desayuno Listín participó el presidente de Procompetencia, acompañado de José Beltré, director de promoción y defensa de la competencia; Liverca Gómez, jefa del unidad de estudios económicos y de mercado; José Miguel García, cabecilla del unidad de comunicación; Jorge Espinosa, cabecilla de medios; Jacqueline Genao, coordinadora de oficina; y Lilian Tejeda, periodista de la entidad.
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El artículo 61 de la Ley 42-08 establece multas mínimas equivalentes a 30 salarios mínimos, con un mayor de 3.000 salarios mínimos; otros son 200 salarios mínimos, con un mayor de 3.000 salarios; y 30 salarios mínimos, con un mayor de 3.000 salarios. Por proporcionar información falsa a la comisión, la multa es de 50 salarios mínimos, hasta 200 veces, según el delito.
