Dado el tratamiento inequitativo que impondría a las empresas sujetas al nuevo impuesto, al no respetar la proporcionalidad sobre sus ingresos, todo indica que el congresista, al aprobar el Derecho normal sobre gobierno integral y coprocesamiento de residuos sólidos 225-20 (aún irresoluto de promulgación por el rama ejecutante), olvidó una verdad esencial: cuando la ley se extiende de la rectitud, se convierte en una delantera sin una escalera, una sombra sin alma.
Según las tasas establecidas, cuanto más pequeña sea la compañía, maduro es la carga proporcional que debe admitir. Como Fernando PinalesPresidente de Codopyme, señala con razón, es como si la ley estuviera castigando a las empresas micro, pequeñas y medianas simplemente por ser de ese tamaño.
Según las cifras proporcionadas por Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, las distorsiones son evidentes: las empresas con ingresos anuales entre 8 y 10 millones de pesos pasarán de acreditar de 5,000 a 20,000 pesos.
Aquellos con ingresos entre 20 y 50 millones de pesos verán que sus tasas aumentan de 30,000 a 155,000 pesos. Aquellos con ingresos anuales entre 50 millones y 100 millones de pesos ahora pagarán 260,000 pesos, en ocasión de 90,000 pesos.
Finalmente, las empresas con ingresos superiores a los 100 millones de pesos deben Pague 275,000 pesos.
Esto significa que una empresa con una facturación de 100 millones de pesos pagará lo mismo que una con una facturación de 10 mil millones de pesos, y las tasas no tienen relación con la cantidad o toxicidad de los desechos generados.
Frente a esta evidente desproporción, la esperanza de MISMES, al menos eso es lo que dos de sus representantes más destacados, Iván de Jesús García y Fernando Pinales, es que el Presidente de la República, Luis Abinaderse abstendrá de promulgar una ley que, no ocurrir nacido del corazón de la rectitud, solo florecería como una peso en el rosaleda de la multitud.
