Santo Domingo.– El director ejecutante del Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), El Dr. Pedro Richardson denunció públicamente su desacuerdo con el Ministro de Vivienda y Edificios, Carlos Bonilla, a quien acusa de obstaculizar la aplicación de la Ley 368-22 que otorga a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes la potencia de establecer oficinas de planificación urbana.

Richardson Explicó que, en noviembre de 2022, celebró una reunión privada con el ministro Bonilla y el corregidor de Verón, Ramón «Cholitín» Ramírez, donde se acordó una transición para la implementación de la ley sin afectar en progreso. Sin bloqueo, denunció que dicho acuerdo nunca fue honrado por los Mives.

«Después de ese acuerdo, no ha habido una forma. Se alegó la necesidad de una regulación para aplicar la ley, algo que no corresponde. Las leyes entran en vigor cuando se promulgan», dijo Richardson, quien afirma contar con el apoyo del asesor reglamentario del poder ejecutante y el propio presidente Luis Abinader en términos de la validez inmediata de la ley 368-22.

Richardson dijo que Fedodim ha acompañado legalmente diferentes distritos municipales que han tenido que acudir a acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la ley. «No tenemos interés en afectar a nadie, pero Verón, Santo Domingo Oeste, Santiago y otros territorios tienen derecho a su departamento de planificación urbana, y lo defenderemos», dijo durante una entrevista en el Programa de Radio Morning El Sol de La.

Cuando se le preguntó si su posición podría difundir fricción adentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Richardson fue categórico: «Nadie puede pedirme que viole la ley. Si tengo que dejar el partido, lo dejo con mucho gusto, pero no permitiré que los derechos de los gobiernos locales o mis compañeros de alcaldes sean violados».

También criticó la supuesta reparo al arquitecto Yulisa Burgos en Santo Domingo Oeste, que ha generado irregularidades en la nervio de documentos técnicos, y reiteró que Fedodim solo defiende lo que se establece en la ley.

Finalmente, Richardson reafirmó que su papel no es político, sino institucional. «Mi función es defender la legalidad y los derechos de los distritos municipales. Si alguien dentro del gobierno actúa contra eso, entonces debe asumir su responsabilidad», concluyó.