Santo Domingo. – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) depositó frente a el plenario de la Junta Electoral Central (JCE) su posición oficial con respecto al «proyecto de regulación que establece el procedimiento para registrar los letreros o empresas con encuestas y la publicación de encuestas en asuntos electorales».

A través de una comunicación dirigida a la plenario del cuerpo electoral bajo la firma del Dr. Fernando Pérez Volquez, delegado político al JCE, la estructura valoró positivamente la iniciativa y expresó su apoyo a la maduro parte del contenido del tesina.

Sin retención, propuso incluir una disposición legislatura más clara y clara sobre las sanciones que deben aplicarse a las empresas encuestadas que utilizan las encuestas como un mecanismo de campaña temprano.

El PRD advierte que la difusión de encuestas antaño del período oficial previo a la campaña se ha utilizado, en muchos casos, como una organización de propaganda estafa, en violación del orden constitucional que regula los tiempos y modalidades de la competencia electoral. Por esta razón, propone especificar en la regulación las consecuencias legales para estas prácticas, en segmento con lo que las leyes ya están establecidas.

La propuesta de la estructura establece lo futuro:

«Las compañías políticas que promueven y difunden encuestas, mediciones y el régimen electoral de votación, y los artículos 40 y después de la Ley 33-18, en partidos, grupos y movimientos políticos, sin detrimento de las acciones judiciales que se llevan a cabo con el fin de cancelar el registro antes de la Junta Electoral Central, con el propósito de descalificarlo para su ejercicio durante el proceso electoral actual».

El PRD considera que las actividades proselitistas avanzaron, entre ellas, la manipulación de las encuestas en etapas no habilitadas, altere el orden electoral manifiesto y violen los principios de equidad, justicia y transparencia que deben garantizarse en cualquier proceso global.

Al presentar su posición, el PRD reiteró su compromiso con la democracia y el fortalecimiento institucional, e instó al plenario de la Junta Electoral Central a establecer mecanismos firmes que eviten el uso distorsionado de herramientas estadísticas para fines políticos y electorales fuera del ámbito constitucional.