Santo Domingo, 29 de abril de 2025 – ayer del aumento sostenido en el flujo de migración de HaitíLa República Dominicana ha intensificado sus políticas fronterizas y de control migratorio, en un contexto traumatizado por una profunda crisis humanitaria en el país vecino.

Todos los días, cientos de ciudadanos haitianos cruzan la frontera en examen de refugio contra la pobreza, la violencia y la descuido de oportunidades. En respuesta, el gobierno dominicano ha adoptivo una serie de medidas para preservar su soberanía, proteger sus fortuna y asegurar el cumplimiento de su reglamento de inmigración.

El presidente Luis Abinader ha apoyado estas acciones protegidas por la ley universal de migración 285-04. Hasta abril de 2025, más de 209,000 ciudadanos haitianos han sido deportados. El gobierno ha anunciado una serie de acciones secreto:

  • Mayor personal marcial y de vigilancia en la frontera.
  • Expansión de la hormaza fronteriza en puntos estratégicos.
  • Refuerzo institucionalcon más agentes migratorios y nuevas oficinas en todo el país.
  • Reforma lícito con sanciones más severas para las infracciones migratorias.
  • Requisitos más estrictos para comunicación a servicios públicos.
  • Incentivos comerciales que priorizan la contratación de trabajo dominicano.

«El problema haitiano es muy complejo y es parte de nuestra historia. Haití es una de las naciones más pobres del hemisferio, sin institucionalidad o un estado funcional. La pobreza, el hambre y la desigualdad han contribuido a esta crisis», dijo Antonio Medina, director de cooperación doméstico e internacional de la UASD.

Presión en servicios públicos

Uno de los sectores más afectados es el de la salubridad. Aunque hasta 2025 ha habido una ligera reducción en los nacimientos tratados en hospitales públicos, más del 35% de ellas corresponden a madres haitianas. En 2024, el estado dominicano asignó más de RD $ 1,068 millones a la atención de estos nacimientos. En algunos centros hospitalarios, esta emblema supera el 85%.

Las autoridades han comenzado a exigir documentación válida para dedicar atención médica en casos no urgentes.

Por otro banda, la educación pública además refleja el impacto de la inmigración: en los últimos siete abriles, la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de 49,000 a casi 138,000 estudiantes. Algunos sectores cuestionan la obligación del estado de proporcionar educación a menores extranjeros indocumentados, como se establece en la reglamento contemporáneo.

Llamado al respeto y la cooperación

Varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han denunciado que algunas deportaciones se llevan a lugar sin el correcto proceso y sin asegurar la seguridad de los migrantes devueltos. Sin incautación, las autoridades dominicanas insisten en que el país tiene el derecho y el deber de aplicar políticas de inmigración claras y firmes.

«El pueblo dominicano ha sido históricamente apoyado, pero también es necesario ordenar el orden. No se trata de promover el odio, sino también para buscar soluciones legales, humanas y sostenibles», agregó Medina. «Deberíamos superar sus dificultades, porque una mejor situación allí tendría efectos positivos aquí».

La República Dominicana se enfrenta a un dilema arduo: proteger su integridad territorial y sus servicios públicos, sin perder de traza la dimensión humana del aberración migratorio.