Con la designación de un nuevo plenario y la entrada en la fuerza de la Ley 18-24, la Cámara de los Cuentas de la República Dominicana enfrenta un proceso de transformación institucional que ha revivido las esperanzas de la reforma y las críticas para la concentración de poder y opacidad.
El nuevo entraña está presidido por Emma Polanco, ex UASD, acompañado por Francisco Tamarez Florentino, Ramón Méndez Acosta, Francisco Alberto Franco Soto y Griselda Gómez Santana. Aunque sus perfiles acumulan experiencia técnica en auditoría, despacho pública y derecho, su designación ha sido objeto de preguntas oportuno a vínculos anteriores con sectores políticos y casos de detención perfil.
La ley 18-24, que deroga el 10-04 antecedente, otorga amplios poderes a la figura presidencial internamente de la cámara, reduciendo en la praxis el carácter colegiado del entraña. El presidente controla la memorándum, las designaciones del personal, la ejecución administrativa y tiene un voto de residencia en caso de un igualada, mientras que los otros miembros «actuarán bajo su orientación y dirección», según el artículo 18 de la nueva carta.
Para el ex presidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero, esta reconfiguración concentra el poder en detrimento de la institucionalidad. «Ese es un error raro de esa ley», dijo, considerando que la autonomía de los otros miembros del plenario se ve socavado.
En esta ley, el motivo político sigue siendo el único mecanismo de puro contra los miembros del plenario.
Otro aspecto criticado es la inconveniente en la publicación de minutos. Aunque el Artículo 40 establece su obligación, los que contienen debates sobre auditorías se exceptúan hasta que se ejecutan, lo que en la praxis puede significar abriles de calma o su omisión definitiva.
La ley todavía permite a las instituciones públicas contratar auditorías privadas sin la aprobación previa de la Cámara de Cuentas, siempre que no reemplacen su papel constitucional. Sin confiscación, Terrero señala que esto ya estaba contemplado en la ley antecedente, con la diferencia de que fue la Cámara de los Cuentas la que contrató a la Compañía, un mecanismo que se declaró inconstitucional.
A pesar de la promesa de una maduro décimo ciudadana, la regulación para canalizar auditorías especiales aún no se ha emitido, y los expertos consideran que este derecho ya estaba protegido por regulaciones anteriores.
En palabras de Terrero, el nuevo plenario tiene la oportunidad de marcar un antiguamente y a posteriori, pero advierte: «Si se dejan arrastrar por los compromisos de gratitud, perderán la oportunidad de casarse con la gloria». Sugiere que la primera hecho del cuerpo debería ser una auditoría para el propio Congreso Nacional, como un signo de independencia.
Fundada en 1854, la Cámara de Cuentas ha sido un objetivo constante de escándalos: desde aumentos salariales exorbitantes hasta investigaciones de corrupción. Las reformas de 2004 siquiera lo protegieron del desacredit. Ahora, con una ley más moderna pero controvertida, y un nuevo equipo, la institución se mueve entre expectativas y desconfianza.
El desafío, los analistas y las ex mujeres coinciden, no solo es constitucional, sino ético: romper con una negligencia institucional pasada y cumplir su labor de rigurosamente y transparencia los medios del estado.
Por Ángela Ramírez
