El Cámara de cuenta Ha regresado al centro del debate. Con la entrada en las funciones de sus nuevos miembros y la promulgación de la Ley 18-24, el organismo responsable de supervisar los fondos públicos en la República Dominicana comienza una etapa de renovación institucional … o de la reconfiguración del poder, dependiendo de quién se escuche.
En el papel, la nueva ley promete eficiencia, transparencia y control. En la actos, ha causado una concentración de poderes sin precedentes en la figura del presidente del cuerpo, que ha encendido las alertas de actores políticos, expertos en derecho oficial y antiguos funcionarios de la misma institución.
«No se pensó que la ley mejorara la cámara, era para resolver un desastre político», dice Rodeos Andrés Terrero, ex presidente de la agencia, en una entrevista. Y agrega: «El presidente ahora es prácticamente un superintendente. El equilibrio de la plenario fue eliminado».
Un nuevo equipo con experiencia … y pasado
Emma Polanco, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dirige el nuevo plenario. Con él, llegan cuatro cifras con una larga historia técnica: auditores, especialistas en gastos públicos y abogados con experiencia en la defensa de los funcionarios acusados de corrupción.
El Senado los aprobó con mayoría, y su mandato se extenderá hasta 2029. Pero desde antiguamente de juramentar, algunos de sus perfiles ya habían generado preocupación. Francisco Alberto Franco Soto, por ejemplo, fue parte de las defensas en los casos «Medusa» y «Coral», mientras que Polanco ha sido indicado por supuestos conflictos de intereses relacionados con el UASD, una institución que ahora podría ser auditada por un víscera que dirige.
Una ley con más dientes … para algunos
La ley 18-24 reemplaza la antigua ley 10-04 y otorga nuevas herramientas para sancionar a los funcionarios para adoptar fondos públicos, desde multas de hasta mil salarios mínimos hasta despido. También refuerza el régimen disciplinario interno para los servidores de cámara. Pero se deja sin mecanismos claros de castigo a sus propios miembros: la única forma sigue siendo el proceso político delante el Senado, una forma no utilizada y con una robusto carga política.
«Vivimos eso», dice Terrero. En 2008, enfrentó un proceso de despido que no prosperó. «En este país no hay voluntad de sancionar a los que tienen poder político detrás. Y la cámara no es la excepción», dice.
Centralización y silencio institucional
Uno de los artículos más controvertidos de la ley es el que permite al presidente del cuerpo puntualizar la memorándum, proponerle al Secretario General, autorizar gastos y firmar auditorías adicionales fuera del plan anual. Además, sus decisiones se imponen en caso de sorteo.
Otro punto cuestionado es la restricción en la publicación de sesiones. Aunque la ley los obliga a difundirlos, excluye a aquellos que tratan con auditorías o informes hasta que sean «ejecutados». En un país donde algunos informan que duermen abriles en los archivos, que es equivalente a muchos: institucionalizar la opacidad.
Supervisar el Congreso?
A pesar de las críticas, Terrero cree que el nuevo plenario tiene una oportunidad histórica. «Podrían casarse con gloria si comienzan a auditar el Congreso», se lanceta como un desafío. Y termina: «Pero eso implica romper compromisos con aquellos que los eligieron».
De hecho, la independencia de los miembros ha sido objeto de debate. Actualmente, no hay restricciones claras para que los ex funcionarios participen en la selección de aquellos que dirigirán la cámara. Para Terrero, eso debería cambiar. «Quién ha tenido poder de cita no puede ser parte del proceso de evaluación durante al menos ocho años. Eso es básico».
Una institución con heridas abiertas
Fundada en 1854, la Cámara de Cuentas ha cruzado múltiples reformas. El de 2004 prometió la modernización; El 2024 promete control. Pero los escándalos han sido constantes: aumentos salariales cuestionables, conflictos internos, investigaciones para la corrupción y renuncias forzadas.
En 2023, entonces el presidente Janel Ramírez lo resumió así: «Esta institución tiene una maldición». Una frase que aún resuena entre aquellos que continúan creyendo que la inspección debe estar por encima de cualquier interés político.
Ahora, con un nuevo equipo, una nueva ley y viejas dudas, la Cámara de los Cuentas enfrenta un desafío monumental: demostrar que no solo cambió la cara, sino, por supuesto.
Por Ángela Ramírez
