Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció que el gobierno dominicano está considerando cobrar por los servicios de vigor prestados a extranjeros indocumentados como parte de los esfuerzos para blindar el sistema de vigor pública. Hizo hincapié en que, dada la postura internacional sobre Haití, el país ya no puede continuar ofreciendo atención médica gratuita a todos y debe implementar medidas más estrictas, ya sea a través de tarifas, ataque restringido o uno y otro.
La discusión está impulsada por el stop porcentaje de mujeres haitianas que dan a luz en hospitales públicos dominicanos. Según el Servicio Nacional de Salud (SNS), el 40% de los nacimientos en estas instalaciones en 2023 eran de madres haitianas. El impacto es más pronunciado en provincias como Elías Piña (80%) y La Altagracia (76%), con otras regiones fronterizas como Pedernales (65%), Dajabón y Montecristi (62%) y Valverde (61%) igualmente informan números significativos.
Esta tendencia ha alimentado el debate doméstico sobre la tensión en el sistema de vigor dominicano y sus implicaciones económicas. Si perfectamente algunas provincias, incluidas Santiago, La Vega y el Distrito Nacional, muestran porcentajes más bajos, el problema sigue siendo una preocupación generalizada, lo que lleva al gobierno a reconsiderar sus políticas sobre el ataque a la atención médica para inmigrantes indocumentados.
