La diestro en encargo de riesgos Carmen Veloz advirtió este viernes sobre los mercancía nocivos del ruido para la vigor, incluso cuando las personas se han acostumbrado a él.

Veloz destacó que el ruido excesivo, especialmente en los sectores poblados del país, excede los límites establecidos por la ley, afectando el sistema nervioso central y la calidad de vida de los ciudadanos.

Según la norma dominicana, el ruido permitido en zonas residenciales debe mantenerse por debajo de los 60 decibelios durante la oscuridad y los 65 durante el día.

Sin bloqueo, mediciones realizadas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) indican que los niveles reales están muy por encima de estos límites.

Este problema se agrava en los sectores urbanos, donde las tiendas de comestibles y otros negocios contribuyen significativamente al ruido ambiental, perturbando el sueño y la tranquilidad de los residentes.

Impactos acumulativos en la vigor

El diestro explicó que el ruido no sólo afecta el alivio, sino que asimismo tiene un impacto acumulativo en el sistema nervioso central.

“El cerebro trabaja demasiado para filtrar el ruido ambiental, lo que dificulta la concentración y la comunicación. Esto afecta tanto a adultos como a niños, reduciendo la capacidad de aprender en el aula y cargando el sistema cognitivo antes de llegar a clases”, afirmó Veloz.

Los mercancía del ruido no se limitan al entorno educativo. Según Veloz, el ruido prolongado asimismo influye en las relaciones personales y la vigor mental, y puede provocar problemas como anorgasmia, disfunción eréctil y alteraciones del estado de talante.

“El ruido te molesta y te pone nervioso, afectando incluso la vida de pareja”, añadió.

Un problema cultural y legal

El versado indicó que este aberración tiene raíces culturales. “El dominicano tiene el chip de que debe ser bullicioso. Es necesario un cambio cultural que promueva el respeto a los derechos de los demás”, comentó.

Asimismo, Veloz destacó que las acciones correctivas deben estar enmarcadas en la moralidad. Para confiscar equipos de sonido que violen las normas, se requiere una orden legal.

Sin este respaldo lícito, las incautaciones pueden considerarse ilegales, lo que socava los esfuerzos por controlar el problema.

Ante este panorama, Carmen Veloz insistió en la obligación de que el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones tomen medidas urgentes para regular los niveles de ruido en el país.

“Las acciones debieron haberse tomado hace mucho tiempo, pero es fundamental que se hagan respetando el marco legal”, afirmó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el software “El Día”.