El Partido de la Liberación Dominicana llamó a la sociedad a unirse para exigir un presupuesto que refleje las verdaderas prioridades de los dominicanos

Santo Domingo, DN- El Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su profunda preocupación por la apresurada aprobación del Presupuesto General del Estado para el año 2025, el cual señalaron no aborda adecuadamente las evacuación fundamentales de la nación, ni los desafíos económicos contemporáneos.

La bancada opositora indicó que, de 2019 a septiembre de 2024, la deuda pública consolidada de República Dominicana ha aumentado en US$ 25.509,9 millones, alcanzando un total de US$ 75.916,8 millones.

A través de un comunicado de prensa, afirmaron que este aumento refleja una preocupante dependencia de la deuda para cubrir déficits fiscales recurrentes.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2025 refleja una preocupante desconexión con las prioridades definidas por el Consejo de Ministros en su reunión del 27 de noviembre de 2024, donde se establecieron diez objetivos esencia para el periodo 2024-2028, entre ellos la mejoría del sistema educativo, la reducción de la informalidad sindical y mitigación del cambio climático.

El PLD expresó que, en términos netos, el aumento promedio anual de la deuda durante este período ha sido de 8.7%, comprometiendo seriamente la capacidad del Estado para financiar proyectos estratégicos en vitalidad, vivienda o infraestructura, áreas que son esenciales para asegurar la calidad de vida de los dominicanos. . A pesar de la importancia estratégica de estas metas, el presupuesto asigna posibles insuficientes para su cumplimiento, evidenciando una desidia de afiliación entre los objetivos declarados por el gobierno y la efectividad de la distribución de los fondos públicos.

Informaron que la deuda consolidada, que representa el 61% del Producto Interno Bruto, supera los umbrales comúnmente recomendados para las economías emergentes (50%-55% del PIB).

Esto implica que una maduro proporción del desembolso notorio se asigna al servicio de la deuda, reduciendo los posibles disponibles para programas esenciales.

En 2025, el financiamiento previsto de RD$350,990 millones podría haberse utilizado para construir hospitales, modernizar escuelas o mejorar la infraestructura viario, evacuación críticas para el mejora doméstico.

En comparación con otros países de la región, República Dominicana tiene una de las tasas de inversión en infraestructura pública más bajas. Mientras que el promedio en América Latina es del 4% al 5% del PIB, el PGE 2025 destina sólo el 2,4% del PIB a inversiones de hacienda. Esta número no sólo limita la productividad y competitividad del país, sino que incluso perpetúa las desigualdades sociales al dejar a miles de dominicanos sin comunicación a servicios básicos como agua potable y electricidad, establece el documento de la bancada de diputados del PLD.

Un presupuesto que prioriza el desembolso corriente y descuida la inversión estratégica afecta directamente la vida de las familias dominicanas en áreas como la vitalidad, que sólo destina el 10% del presupuesto de vitalidad a la atención primaria.

Educación, con limitada inversión en calidad de enseñanza e infraestructura educativa, razón por la cual muchos estudiantes continúan asistiendo a escuelas en condiciones precarias, afectando su educación y su futuro profesional.

Infraestructura, que con insuficiente inversión en obras públicas perpetúa problemas como carreteras deterioradas, desidia de transporte apto y comunicación definido a servicios esenciales en zonas vulnerables.

El obligación fiscal proyectado en RD$240,828 millones (3% del PIB) no sólo se financiará con más deuda, sino que incluso restringe la capacidad del país para avanzar en metas críticas como la reducción de la pobreza, la formalización del empleo y la mejoría del sistema. educativo.

El Partido de la Liberación Dominicana, a través de su bancada, propone medidas concretas para asegurar que el Presupuesto General del Estado 2025 sea una utensilio efectiva de mejora:

Reestructurar el desembolso notorio: Reducir el desembolso corriente mediante medidas de eficiencia administrativa y reasignar posibles cerca de inversiones en infraestructura, tecnología, vivienda y vitalidad pública. Cada peso debe estilarse de forma apto, asegurando que tenga un impacto tangible en la vida de los ciudadanos.

Deuda responsable y sostenible: Exigir que la deuda futura se utilice exclusivamente para financiar proyectos de inversión con altos retornos sociales y económicos. Además, proponemos implementar un ámbito fiscal de mediano plazo con reglas claras, más allá de la Ley de Responsabilidad Fiscal, para controlar el nivel de deuda y priorizar proyectos estratégicos.

Metas claras y sostenibles: Establecer indicadores esencia de desempeño para evaluar los resultados presupuestarios. Por ejemplo, aumentar el porcentaje de escuelas con comunicación a Internet al 80% en tres abriles o asegurar que el 90% de las comunidades rurales tengan comunicación a la atención primaria de vitalidad.

Transparencia y eficiencia en la ejecución presupuestaria: Implementar mecanismos de seguimiento en tiempo positivo para consolidar la transparencia en el uso de los posibles públicos. Cada esquema financiado debe ser evaluado por su impacto y eficiencia.

Alineación con las metas nacionales: El presupuesto debe reverberar las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y las acciones anunciadas por el gobierno, priorizando efectivamente la reducción de la informalidad sindical, la mejoría del sistema educativo, la mejoría de la vitalidad y la mitigación del cambio climático. .