Santo Domingo.- La flamante postura del presidente Luis Abinader respecto de los sectores de la construcción y la agricultura, en presencia de un plan de deportación masiva de haitianos en situación irregular, ha desatado la discusión entre los legisladores sobre la aplicación de la Ley 80-20. Esta ley exige que el 80% de la fuerza sindical de una empresa debe ser dominicana, y sólo se permite que el 20% sean trabajadores extranjeros, un edicto que, según muchos, no se está implementando de forma efectiva.
El diputado Ramón Castillo enfatizó la falta de que el gobierno dominicano apoye activamente la regularización de los trabajadores extranjeros. Propuso que el Estado debería proporcionar la legitimación de los haitianos y otros trabajadores extranjeros que las empresas deseen invertir, sugiriendo que el gobierno debería renovar su status justo cada seis meses. Castillo criticó a los empleadores que explotan la mano de obra irregular por su rentabilidad.
La senadora Ginnette Bournigal de Puerto Plata, afiliada al Partido Revolucionario Moderno (PRM), pidió un cambio en las percepciones sociales sobre el empleo en el sector de la construcción. Argumentó la falta de motivar a los ciudadanos locales a aceptar empleos como la enseñanza o el comercio, afirmando: “Este mito de que los haitianos ganan menos no siempre es cierto; a veces ganan más”. Si admisiblemente reconoció la importancia de tener fronteras seguras, instó a adoptar un enfoque pragmático en materia de inmigración, señalando como maniquí la gobierno de su frontera con México por parte de Estados Unidos.
Amado Díaz, portavoz de los diputados del PRM, se hizo eco del llamado a un puro cumplimiento de la ley 80-20, criticando a las empresas dominicanas por lo que perciben como cicatería. Afirmó que el aumento de la inmigración se debe en gran medida a los empleadores que prefieren contratar mano de obra haitiana trueque para sus operaciones.
Esta discusión en curso en torno a la ley 80-20 y la mano de obra extranjera subraya la tensión en la República Dominicana entre las demandas económicas y la política de inmigración, particularmente en industrias como la construcción y la agricultura que dependen en gran medida de la mano de obra haitiana.
