El robo de energía impacta las finanzas del gobierno. Fuente externa

Santo Domingo – El fraude eléctrico, que se manifiesta a través de conexiones ilegales en viviendas, comercios y centros comerciales para obtener energía, representa un endeudamiento financiero de entre 150 y 200 millones de dólares para el Estado, según el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED). , Celso Marranzini.

En términos generales, el Gobierno registra un desequilibrio financiero de US$650 millones, oportuno a tres desafíos: pérdidas técnicas, fraude y problemas de facturación. Esa es la cantidad aproximada que el Gobierno se ve obligado a despabilarse cada año, según el titular del CUED.

Este año, las distribuidoras eléctricas (Edesur, Edenorte y Edeeste) han identificado y desmantelado diferentes redes ilegales en múltiples empresas, afirmó Marranzini. Según datos oficiales, las EDE tienen 800.000 clientes que reciben energía que no se preparación y, por consiguiente, no se cobra.

Los casos más recientes de fraude eléctrico se registraron hace tres semanas. Edesur, por ejemplo, desmanteló conexiones ilegales en varios centros comerciales que robaban electricidad y tuvo contratados 717 nuevos clientes, con el objetivo de estrechar pérdidas y aumentar la cobranza, para optimizar el servicio eléctrico.

Uno de esos casos tuvo oportunidad en San Juan, donde las autoridades desmantelaron 57 conexiones eléctricas ilegales en el distrito municipal de Sabana Alta y confiscaron varios tipos de cables utilizados para el robo de electricidad.

En un documento oficial, Marranzini explicó que las conexiones ilegales someten a los transformadores de distribución a una sobrecarga que no están preparados para suministrar.

“Esto provoca frecuentes cortes en el servicio por averías en los transformadores”, dijo Marranzini, al tiempo que precisó que este flagelo se da en sectores con “redes en óptimas condiciones”.

“Hay que mejorar la gestión allí y también en sectores con redes inexistentes. Ahí el primer peso es tender las redes para dar un servicio adecuado”, dijo y aseguró que se trabaja en los dos tipos de situaciones.

Marranzini afirmó que el fraude no sólo aumenta las pérdidas técnicas -que ascienden en promedio al 37% en las distribuidoras- sino que incluso sobrecarga a los transformadores, lo que ha afectado la calidad del servicio a los usuarios habituales.

“Hay mucha resistencia en los lugares donde están las conexiones ilegales, porque desde hace años reciben energía gratis y ahora se resisten a pagar por ella”, dijo a los periodistas el titular del CUED.

Marranzini, quien habló sobre la situación del sector eléctrico en una conferencia organizada por la Unión Nacional de Empresarios (UNE), dijo que la meta es estrechar el 38% de las pérdidas que existen actualmente al 27% para 2027.

Para ello se combinarían inversiones, una mejor mandato y medidas estrictas contra el fraude. En el caso de Edeeste, las pérdidas rondan el 56%; en Edesur un 32% y en Edenorte un 27%. «Tenemos la obligación de bajar el déficit», subrayó.

Como logística de corto plazo, Marranzini dijo que el CUED ha implementado medidas operativas y de transparencia, que han incluido la negocio masiva de transformadores y medidores, la instalación de estaciones móviles para allanar los pagos en comunidades alejadas y la creación de un portal para clientes. para monitorear el estado de sus circuitos.

«El año 2024 debería verse como un punto de inflexión para revertir la tendencia negativa», afirmó. Para aguantar a punta estas medidas, Marranzini dijo que ya han obtenido préstamos millonarios a través del Banco Mundial y otros organismos financieros.

¿Qué dicen los empresarios?

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios, Leonel Castellanos, señaló que el gran problema del sector eléctrico son las pérdidas que generan las distribuidoras desde hace abriles.

“Eso se ha convertido en una carga financiera para el presupuesto de la nación”, dijo Castellanos, agregando que el año pasado el subsidio a la electricidad representó el 42% del endeudamiento fiscal del presupuesto.

El dirigente sindical ha propuesto incluir al sector financiero locorregional, en sustitución de los bancos multilaterales, para participar en la reconstrucción y ampliación de las redes eléctricas y estrechar las pérdidas.