Un camión recolector de basura en el Distrito Nacional.

El Proyecto de Ley de Modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) establece un sistema para equilibrar la monasterio de basura con la relación eléctrica de las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

El artículo 143 establece que “los ayuntamientos y juntas distritales municipales realizarán el cobro obligatorio por los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos mediante la facturación y cobro del servicio de energía eléctrica, garantizando la independencia de los montos facturados por la prestación de cada servicio, de acuerdo a los costos reales y totales de los mismos”.

Señala que las empresas distribuidoras de energía deberán entregar el monto total de estos servicios de monasterio y disposición final al Fideicomiso DO Sostenible, “quien, a su vez, se encargará del repago a los municipios y juntas distritales municipales”.

Explica que no se incluirán aquellos acuerdos de recogida privada y trámite peculiar de residuos, que se gestionarán mediante contratos privados.

El martes pasado, el Senado aprobó el esquema de ley en dos lecturas y aún resta conocerlo en la Cámara de Diputados.

La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), a través de su vicepresidente ejecutante, Mario Pujols, criticó la sorpresiva aprobación del esquema de ley sin consultar previamente a los actores secreto del sector.

Desde 2021, la Liga Municipal Dominicana aboga por equilibrar la monasterio de basura con las facturas de las distribuidoras de electricidad.