El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, calificó de “ilegal e inconstitucional” la propuesta del Gobierno de disminuir en un 50% el financiamiento a los partidos políticos, advirtiendo que la medida, si admisiblemente puede resultar “popular” en la opinión pública, esconde una peligrosa útil de control político.

Mariotti señaló que el Ejecutivo está utilizando el contexto crematístico internacional como “cortina de humo” para alterar las reglas del gozne demócrata acoplado cuando el país entra en una etapa crucial de movilización política.

Desigualdad en la competencia

El dirigente peledeí advirtió sobre el desequilibrio que esto genera en el sistema demócrata. «El Gobierno debe tener cuidado con el uso de la crisis como herramienta política. Estamos en el umbral de un proceso preelectoral donde el oficialismo tiene toda la estructura y recursos públicos para su campaña y movilización, mientras intenta asfixiar financieramente a la oposición limitando los fondos que por ley nos corresponden», denunció.

Fundamentos legales

El exsecretario común del PLD justificó su rechazo citando los artículos **44 y 45 de la Ley N° 426-06 (LOPSP)**. Explicó que, si admisiblemente el Gobierno puede establecer topes de pago, no tiene la aptitud de disminuir unilateralmente las transferencias a órganos extrapoderosos cuando esos fondos ya están comprometidos.

Asimismo, recordó que el artículo 212 de la Constitución otorga a la Junta Central Electoral (JCE) independencia presupuestaria y financiera que el Poder Ejecutivo no puede vulnerar administrativamente a través de la DIGEPRES.

«Puede ser una medida aplaudida por algunos, pero es un atropello institucional. Si el Gobierno quiere reducir esos fondos de manera permanente, necesita presentar una modificación a la Ley de Presupuesto en el Congreso Nacional. Hacerlo de otra manera es usurpar funciones y golpear la autonomía de la JCE», enfatizó Mariotti.

Llamado a la transparencia

Para Mariotti, resulta contradictorio que se solicite “sacrificio” a las organizaciones políticas bajo el argumento del aumento del precio del petróleo, mientras que el pago en publicidad oficial y salario pública no muestra una reducción equivalente. «La democracia tiene un coste, y lo que aquí se busca no es ahorro, sino ventaja electoral. Por eso puede parecer legítimo pero es más inconstitucional», concluyó.