Washington.- Estados Unidos ha cubo instrucciones a sus embajadas en América Latina para que informen sobre delitos relacionados con lo que describe como “migración masiva” y evalúen las políticas gubernamentales que puedan simplificar estos movimientos, en ruta con la renovada memorándum antiinmigración del presidente Donald Trump. La directiva todavía candela a los gobiernos regionales a robustecer los controles fronterizos y afrontar las presuntas violaciones de derechos humanos asociadas con la migración a gran escalera.
En una explicación compartida en las redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que las embajadas deberían analizar políticas que “prioricen a los migrantes sobre los ciudadanos” y colaborar con los gobiernos anfitriones para combatir las redes criminales involucradas en la migración. Los funcionarios estadounidenses sostienen que la migración masiva anteriormente causaba serios desafíos a la seguridad y que desde entonces se ha implementado una vigilancia fronteriza más estricta para abordarlos.
Desde que regresó al poder en enero, el presidente Trump ha endurecido las medidas de inmigración, lo que ha resultado en miles de deportaciones y nuevas restricciones de entrada que afectan a casi 40 países. El Departamento de Seguridad Nacional informó que en 2025 más de 605.000 personas fueron deportadas y 1,9 millones de inmigrantes indocumentados se marcharon voluntariamente, aunque no proporcionó datos que lo respalden.
