La Mesa de Diálogo por el Autismo participa en un asonada de familias del Gran Santo Domingo, Neiba, San Cristóbal, Hato Mayor y otras localidades, que revela la precariedad de los servicios en educación, sanidad y terapias, a pesar de que hace 881 días se promulgó la Ley 34-23.

Santo Domingo.- Durante más de 76 millones de segundos, equivalentes a 2 primaveras, 5 meses y 1 día, las familias con niños con autismo han esperado que el Estado cumpla con lo dispuesto en la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La denuncia fue realizada por el coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, periodista Fernando Quiroz., quien insistió en que a pesar del tiempo transcurrido desde que se aprobó su reglamento, el Estado dominicano aún no ha asignado presupuesto, ni ha anunciado el inicio de los programas que marca la norma. establece.

Dijo que desde la promulgación de la ley por el presidente Luis Abinader, el 5 de junio de 2023, hasta el 2 de noviembre de 2025, han transcurrido 2 primaveras, 5 meses y 1 día, equivalentes a 125 semanas, 881 días, 21,144 horas, 1,268,640 minutos y 76,118,400 segundos de aplazamiento para las familias que aún no ven aplicada la ley.

Recordó que la reglamentación de la ley, que debía emitirse internamente de los 120 días siguientes a la promulgación de la ley, es asegurar antaño del 4 de octubre de 2023, se retrasó hasta el 24 de julio de 2024, cuando finalmente el presidente Abinader la aprobó mediante el decreto 403-24.

Quiroz, instigador por el autismo y los derechos humanos, dijo que es apropiado hacer este cálculo aunque sea en segundos, porque el sufrimiento de miles de familias en cada momento no se puede describir con palabras, especialmente cuando no tienen los bienes para afrontarlo, y es necesario estar en alerta constante incluso por la seguridad física de sus hijos.

«Han pasado más de 76 millones de segundos y ninguna agencia del Estado ha hablado de un presupuesto. El presidente ha mencionado que asignarían un presupuesto mínimo para 2026, pero no hay señales claras ni anuncios oficiales de planes concretos. Mientras tanto, las familias siguen solas», declaró Quiroz, quien es padre de Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, de 16 primaveras, con TEA.

Según se explicó, la Ley 34-23 establece la creación de servicios de diagnosis temprano, educación inclusiva, cobertura terapéutica, apoyo allegado y formación profesional, pero ninguna de estas disposiciones ha sido implementada.

“El Estado ha fallado en educación, salud, terapias, vivienda y recreación. No hay parques ni espacios adaptados para que los niños practiquen deportes, como piscinas, arte o canalicen su energía de manera segura”, agregó.

Recordó que desde 2023 hizo pública la indigencia de que el Gobierno cuente con los bienes económicos, y anuncie planes institucionales en educación, sanidad, terapia, entretenimiento y formación de profesionales, con metas, plazos y rendición de cuentas pública.

«Cada segundo cuenta, porque es una oportunidad perdida para un niño que necesita terapia, para unos padres que necesitan descanso o para una escuela que debe capacitarse. El tiempo no es un número: es la medida del abandono», enfatizó Quiroz.

Provincias olvidadas y familias sin apoyo

La Mesa de Diálogo de Autismo, con el apoyo del líder comunitario Leonel Sánchez, realiza un relevamiento de la situación de las familias con autismo, y informes confirman que la situación es más crítica fuera de la renta, donde la equivocación de centros especializados y de transporte agrava la restricción.

Ya hay casos en el Gran Santo Domingo, el sur, el meta y el oriente, con registros de familias en San Cristóbal, Baní, Hato Mayor y Neiba, que sobreviven sin servicios básicos.

En Yaguate, San Cristóbal, Yenniffer Pimentel cría a tres hijos, dos con autismo, sin apoyo institucional. “Necesitamos ayuda para los estudios médicos y una casa donde nuestros hijos estén seguros cuando nosotros no estemos”, dice.

En Neiba, Bahoruco, Narda Pérez, mamá soltera, debe acreditar terapias privadas delante la equivocación de centros en su provincia. “Con políticas públicas reales, no sólo escritas, podríamos tener una vida de igualdad y justicia”, afirma.

En tanto, Jennifer Reyes López, oriunda de Buenos Aires, Santo Domingo Oeste, dijo que hace cinco primaveras recibió el diagnosis de autismo de su hijo maduro. Dijo que su maduro dificultad es acreditar las terapias, ya que en los centros públicos la atención es cada seis meses y en los privados los costos son altos. «Sólo quiero ayuda con sus terapias; es muy difícil tener un niño autista», afirmó.