Santo Domingo. – El líder político y miembro del liderazgo político de la Fuerza Popular, Roberto Rosario Márquez, denunció que el gobierno flagrante ha distorsionado la institucionalidad del estado al permitir a los candidatos oficiales usar las instituciones públicas como comandos políticos, sin favor renunciado a sus posiciones.

Durante su décimo en el software de hoy, Rosario advirtió que esta experiencia representa una amenaza para la democracia y la equidad del proceso electoral:

«Han convertido las oficinas públicas en comandos de campaña. Cancelan a aquellos que no apoyan a su candidato, descuidan el servicio público y usan los recursos del estado para hacer una política interna».
Además, cuestionó la descuido de límites y la permisividad del gobierno frente a sus propios solicitantes presidenciales:

«El Presidente los reunió con buena intención, pero lo que causó fue una guerra interna disfrazada de institucionalidad. No puede haber 12 candidatos en el gobierno haciendo campaña mientras ocupa puestos públicos».
Un nuevo maniquí de Secretaría General
Rosario igualmente se refirió a las transformaciones internas aprobadas en el Congreso de la Fuerza del Pueblo. Explicó que el partido adoptó un maniquí de Secretaría General Colegiada, compuesta por cinco líderes, un coordinador y cuatro vicios, con la ocupación de robustecer el trabajo organizacional en todo el país.

«Es un modelo moderno, plural y territorial. Ya no depende de una sola persona, sino de un equipo que garantiza la cercanía con las bases, operabilidad y expansión de la fiesta».
Aclaró que las próximas autoridades del partido, incluido el presidente, el vicepresidente y el secretario común, serán elegidos por una dirección central que a su vez será preferido democráticamente por todos los miembros a través de votos universales.

«No hay línea baja. Cada socio puede aspirar, votar y apoyar. Pero también tenemos que cuidar la marca. No podemos exponer al partido a improvisaciones».
Una advertencia política
Rosario concluyó la advertencia sobre los riesgos que enfrenta el sistema tolerante si el poder estatal continúa favoreciendo los proyectos internos:

«El gobierno no puede usarse para aprovechar la ventaja política. Eso crea desesperanza, daña la institucionalidad y pone la confianza pública».