el cantante Julio Iglesias tendrá que afrontar una investigación procesal en España por las presuntas agresiones sexuales que dos ex trabajadores Afirman deber sufrido en sus residencias en el Caribe. El magistrado Antonio Piña Alonso, patrón de la posición número 6 de la Sección de Instrucción del Juzgado Central de Instancia, ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por ambas mujeres, aunque ha menguado considerablemente los delitos que pueden ser objeto de las investigaciones. Investigará posibles Delitos contra la confianza sexual, lesiones y tratos degradantespero se ha inútil a aclarar un caso por manejo de personas y contra los derechos de los trabajadores.

La resolución, emitida este miércoles 18 de noviembre, representa el primer paso procesal efectivo para esclarecer hechos que datan de 2021 y que habrían ocurrido en las propiedades que el actor tiene en República Dominicana y Bahamas. El magistrado considera que el historia de los denunciantes y la documentación proporcionada contiene instrumentos suficientes para iniciar una investigación penalpero advierte que la admisión de la denuncia no implica ningún discernimiento sobre la credibilidad de las mujeres ni sobre la responsabilidad del cantante.

El procedimiento se produce tras un primer intento fallido de los extrabajadores delante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En enero de este año, el Ministerio Sabido archivó las diligencias previas al procedimiento al considerar que los tribunales españoles carecían de competencia investigar hechos ocurridos fuera del país. Las denunciantes, apoyadas por la ordenamiento Women's Link Worldwide, optaron entonces por comparecer directamente a los tribunales a través de una denuncia presentada el 3 de septiembre.

Julio Iglesias

Posteriormente la Fiscalía cambió de criterio. En un documentación remitido al magistrado en octubre, el Ministerio Sabido defendió que la Audiencia Nacional podía examinar la denuncia al considerar que se cumplían los requisitos legales para profesar la competencia española sobre los presuntos delitos cometidos en el extranjero por un ciudadano gachupin. El magistrado ha rematado admitiendo la denunciaaunque su resolución contiene una extensa consejo sobre los problemas que plantea investigar unos hechos en España que tuvieron área en otros dos países.

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Las dudas del magistrado

El magistrado dedica buena parte del coche a explicar por qué considera problemática la opción de España para dictaminar hechos que habrían ocurrido íntegramente en el extranjero. Aunque reconoce que la país española de Iglesias permite activar el principio de personalidad recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, advierte que se encuentran las principales pruebas y buena parte de las personas que habrían intervenido en Bahamas y República Dominicana. Recuerda igualmente que entreambos países tienen sus propios sistemas judiciales y que no se han aportado instrumentos que permitan cuestionar sus garantías.

Una de las críticas más relevantes a la resolución va dirigida a la forma en la que se ha presentado la denuncia. Los denunciantes atribuyen a dos responsables de las residencias del cantante, identificadas como la señora M. y Z., un billete directa en episodios de violencia sexual y física. Sin secuestro, nadie de ellos se encuentra entre las personas contra las que se dirige la argumento penal. El magistrado considera que la narración omite detalles sobre las conductas que se les atribuyen y advierte que esta partida puede dificultar la reconstrucción de los hechos y circunscribir el derecho de defensa de Iglesias. Al tratarse de ciudadanos extranjeros y de hechos ocurridos fuera de España, Los tribunales españoles no tendrían, en principio, competencia para investigarlos.

Pese a estas objeciones, el magistrado entiende que las deficiencias señaladas no justifican la inadmisibilidad de la denuncia. Sí descarta, sin secuestro, uno de los delitos más graves planteados por los extrabajadores: Trata de seres humanos con fines de trabajo forzoso o servidumbre.. Para ello se apoya, entre otros instrumentos, en las conversaciones brindadas sobre la contratación de una de las mujeres. Según el coche, fue seleccionada a través de una ofrecimiento pública en una red social, sabía que el puesto incluía alojamiento y aceptó esas condiciones. El magistrado igualmente resalta que el salario ofrecido superó el reducido establecido en República Dominicana para trabajadores de grandes empresas y que no hay evidencia de que le quitaran el pasaporte o le impidieran comunicarse con otras personas.

La resolución añade que el obrero dejó el puesto cuando decidió hacerlo y que, tras su marcha, Iglesias abordó algunas de sus reclamaciones, incluidas las relacionadas con un carta de recomendación, seguro y plazo de cantidades pendientes. A discernimiento del instructor, los hechos descritos no permiten apreciar indicios de contratación o traslado con fines de explotación o de una intervención del cantante en estas supuestas actuaciones. También se niega a investigar crímenes contra los derechos de los trabajadores porque, como se dijo, las leyes de Bahamas y República Dominicana no contemplan un delito equivalente a los tipos penales españoles. En República Dominicana estas conductas tendrían respuesta en el ámbito administrativo-laboral.

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El coche igualmente se detiene delante los mensajes de WhatsApp que uno de los denunciantes intercambió con uno de los encargados tras salir de la residencia. El contacto duró primaveras y en algunas conversaciones la mujer Pregunté por el estado de vitalidad de Iglesias. En enero de 2023, por ejemplo, le transmitió su deseo de felicitarlo por el nuevo año; En abril de 2024 volvió a preguntar si se encontraba perfectamente. El magistrado considera que el tono afectuoso de estos intercambios presenta una visible discordancia con algunos aspectos de la historia de la denuncia y cree que debería aclararse durante la investigación. Sin secuestro, advierte que estos fragmentos no permiten concluir que los ataques no existieron y exige examinar las comunicaciones en su conjunto.

Respecto a la posible prescripción, el magistrado limita la investigación por lesiones y tratos degradantes al eventos posteriores al 5 de octubre de 2021aniversario que se toma como narración para el quinquenio. Los episodios anteriores sólo pueden ser examinados si forman parte de la dinámica de un delito sexual que no ha prescrito. Sobre agresiones sexuales considera prematuro pronunciarse porque algunas de las conductas denunciadas podrían encuadrarse en delitos que, según la código vivo en el momento en que se produjeron, tenían penas menores y planteaban dudas sobre su prescripción. Será la investigación la que permita determinar qué ocurrió y qué clasificación jurídica corresponde. Fuente: Infobae